El encargado, A.C.L., en su declaración como investigado ante la Guardia Civil, calificó también de "puesta en escena" algunas presentaciones que se hicieron cuando sabían que personal de ADIF iba a visitar las obras.

Por ejemplo, para "aparentar" en una ocasión "que la obra estaba realmente realizada de acuerdo con las mediciones que se facturaban, si bien la realidad no era esa". Según el declarante, que añadió que las indicaciones para actuar así las dio el ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante), J.M.F., también investigado en esta causa, se trataba de que ADIF no detectara las desviaciones de las mediciones que se certificaban.

El hecho en concreto referido por A.C.L. ocurrió cuando, con urgencia, y ante una inminente visita de representantes del Administrador, le ordenaron que abriera una zanja para justificar unas medidas que no eran las reales, y que una vez que se marchó la visita, se cerraba y se volvía a la situación original.

Otra de las "puestas en escena" sucedió cuando se apilaron un gran número de tablestacas (pantalla o estructura de contención) para justificar, presuntamente, su compra y la factura correspondiente, cuando la realidad es que eran alquiladas, se reutilizaban y no llegaban al número que se había indicado.

El encargado de obras se refirió también en su declaración al que por entonces era jefe de Infraestructuras de ADIF en Levante J.L.M.P., también investigado en esta causa, del que dijo que "nunca lo vio a pie de obra ni supervisó ninguna de los trabajos realizados por su empresa".

El encargado también declaró que en otra certificación de obra en la que se que aseguraba que se habían utilizado 93.000 metros cúbicos de material de relleno en una zanja, con un importe de 2,3 millones de euros, era una partida "manifiestamente exagerada", ya que, "haciendo una estimación aproximada de los camiones utilizados y de los metros cúbicos por camión, resultarían unos 30.000 metros cúbicos".

También se refirió a las importantes sumas de dinero que, presuntamente, su jefe, el también investigado J.O., dueño de la empresa subcontratada para las obras, entregaba cada semana a A.J.F.P., hermano del ingeniero del Juzgado de Aguas de Orihuela. Y reveló a los investigadores que en algunas ocasiones acompañaba a J.O. a recoger el dinero en una oficina bancaria de Santomera (Murcia), y que, después, éste se dirigía a un despacho de A.J.F.P. para entregarle, supuestamente, el dinero.

La "operación César" está dirigida por un Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga un presunto fraude que podría superar los 17 millones de euros, que se habría cometido con la emisión de facturas falsas al corresponder a trabajos no realizados o con otras en las que figuraban importes muy superiores a los servicios realmente prestados.