En España más de 100.000 personas habían sido incapacitadas para acudir a las urnas por discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo pero estas elecciones podrán votar. Tienen una oportunidad para que su voz se escuche.
Lo consiguieron el pasado cinco de diciembre, con la reforma de la ley del Régimen Electoral general. Esta contempla que el voto es valido, sin exclusiones siempre que sea libre y consciente. Desde las asociaciones insisten: "La participación en la vida política no puede tener ninguna barrera por causa de discapacidad", explica Enrique Galván, director de Plena Inclusión.
Pero, una vez más se encuentran con los prejuicios. Dicen que se sienten señalados y discriminados porque la Junta Electoral Central ha dado la instrucción de permitir a los presidentes de mesa anotar los documentos de las personas con discapacidad sobre las que tengan dudas de si acuden a votar de manera voluntaria y consciente.
Se trata de hacerlo constar en el acta, porque en todo caso el voto será valido. Desde el colectivo se sienten señalados y aseguran que "hay una prevención innecesaria y una privación de la libertad de las personas".
Muchos como Maribel es la primera vez que podrán ejercer su derecho a voto y para ellos, verse cuestionados es una injusticia. "Me parece injusto, si una persona mayor se equivoca no pasa nada, pero un discapacitado sí", reflexiona Maribel. Y se preguntan: "¿Por qué nos tienen que seguir discriminando".
Incluso los expertos creen que se está dando más poder a la mesa electoral del que contempla la ley. Tal y como explica Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y jueces por las Democracia, esta medida "sitúa a los miembros de la mesa electoral en una labor de enjuiciar la capacidad de los electores, algo que trasciende las facultades que les asigna la propia ley. Y añade: "La mesa se tiene que asegurar de la identidad de los electores".
El colectivo recuerda, es momento de dar voz a todos los españoles.