Rubén Martín trabaja a media jornada en una cafetería mientras prepara unas oposiciones a auxiliar administrativo, y es que su discapacidad intelectual nunca le evitó hacer lo que quisiera hasta que le impidió votar en unas elecciones. "Aunque yo tenga una discapacidad intelectual, tengo derecho a votar", afirma este joven.
Para protegerle, sus padres solicitaron su incapacitación judicial y junto con la sentencia vino la supresión de su derecho al voto, que sólo ha podido recuperar tras un largo juicio en una lucha que "fue muy dura porque no fue nada fácil".
En el artículo tres de la Ley electoral se especifica que carecen de derecho de sufragio los declarados incapaces por una sentencia firme. Los partidos políticos en el Congreso han dado los primeros pasos para cambiarlo y hacer así que unos 100.000 ciudadanos recuperen un derecho perdido.
Se trata de una medida que celebran las asociaciones por la inclusión, que defienden que la mayoría de personas con discapacidad comprenden el sistema electoral y que "los casos extremos se usan de forma extensiva e impiden votar a muchas personas".
Además, para devolverles el derecho a voto estas personas incapacitadas tienen que pasar en muchos casos un examen de conocimiento político y esto es algo que consideran discriminatorio porque al resto de ciudadanos no se les realiza.
Es un paso más para la inclusión total, que piden complementar con programas electorales de lectura fácil.