El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pide a la Junta Electoral Central que anule "de manera inmediata" su decisión que permite "cuestionar las condiciones del voto de las personas con discapacidad" que voten en las elecciones generales del 28A.
Su queja llega después de que este organismo anunciara que permitirá a interventores y apoderados de los partidos apuntar en las mesas electorales el DNI de las personas con discapacidad que consideren que no están ejerciendo su derecho al voto de forma consciente, libre y voluntaria.
Pese a que este voto no será rechazado y se meterá en la urna, las asociaciones consideran que esta decisión choca con el espíritu de la decisión de incluir por primera vez en el censo electoral a 100.000 personas con discapacidad intelectual que tenían retirado este derecho por orden judicial.
El CERMI critica que se haya tomado esta decisión "sin participación ni consultas" con el movimiento social de la discapacidad. Además, consideran que se ha tomado con "un enfoque sesgado y prejuiciado" contra las personas con discapacidad, "señalándolas particularmente y sometiéndolas a un marco genérico de sospecha" que las sitúa en una situación de desventaja.
Por su parte, Plena inclusión España, la confederación que agrupa a 900 entidades de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, califica como arbitraria una decisión que vulnera la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, "puesto que permite sospechar a interventores y apoderados sobre la manipulación de la voluntad de las personas con discapacidad en la decisión de votar, pero no del resto de los votantes".
"No podemos aceptar directrices que generan sombra de dudas y son claramente discriminatorias sobre un grupo de electores por razón de discapacidad. El espíritu de la reforma de la LOREG es velar por el voto libre y consciente de cualquier persona y no de ningún colectivo. Directrices como esta emergen el estigma y la discriminación que sigue operando en nuestra sociedad", asegura Enrique Galván, director de Plena inclusión España.
Según la resolución de la Junta Electoral, tras la petición de interventores o apoderados, "el acta identificará al elector únicamente por el número de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, por el documento identificativo que aporte".