Cientos de jueces y fiscales protestan contra la reforma judicial del Gobierno a las puertas del Tribunal Supremo

Este sábado a las 12:00 horas decenas de jueces y fiscales se han concentrado a las puertas del Tribunal Supremo para manifestarse contra la reforma legislativa de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y defender la independencia del Poder Judicial bajo el lema "sin Estado de derecho no hay democracia".

Cinco asociaciones convocantes han leído un comunicado asegurando que la manifestación "no es contra el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo" sino "a favor del Poder Judicial: "Estamos aquí para defender lo de todos". María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV); Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI); Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) y Miguel Pallares, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han formado parte de la protesta.

Estos recuerdan que la Constitución de 1978 implantó en España el Estado de derecho basado en el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de "toda injerencia política", algo que es "clave para hablar de una democracia real". Es por ello que creen que los proyectos de reforma del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal "no responden a demanda social alguna" y se tramitan por el procedimiento de urgencia "sin ninguna razón para ello".

Estos, rebajarían, a su parecer, la "excelencia de conocimientos" en el acceso a las carreras judicial y fiscal, introduciendo pruebas "más subjetivas y susceptibles de filtración". Asimismo, se ha criticado que se creen centros de preparación de opositores dependientes del Gobierno, que influiría en una posible "selección ideológica de los futuros jueces y fiscales del país".

Además, se convertirá a 1.000 jueces y fiscales sustitutos en jueces y fiscales o a quienes acumulen cinco años de experiencia, violentando "los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, perjudicando a las promociones más jóvenes y a los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal". A la vez se pretenden eliminar las garantías de autonomía de los fiscales, reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes". Recuerdan estas asociaciones que se quiere entregar la instrucción de las causas a los fiscales, lo que significa entregarles "el mando de la Policía judicial (UCO y Udyco incluidas) y la investigación de los delitos".

Los convocantes piden que se retiren ambos proyectos y advierten que irán a huelga porque "el Estado de derecho no es de izquierdas ni es de derechas: es de todos". A su vez, han anunciado que mantienen la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio contra estas reformas, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) les advirtió de que carecía de sustento normativo, informando además de que fijarán servicios mínimos.

Solo la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y la Asociación Progresista de Fiscales (APF), de perfil progresista, no secundan el paro. El CGPJ resolvió el pasado jueves que el ejercicio de derecho a huelga de los togados carece de soporte normativo, "por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria" ni fijar servicios mínimos. También el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comunicó el viernes en un escrito remitido a todos los fiscales jefes que el Ministerio Público que no tiene competencias para fijar servicios mínimos en la huelga de tres días de la semana que viene y que la Inspección vigilará las posibles incidencias durante esas jornadas.

De su lado, alude al acuerdo adoptado por unanimidad por el pleno del CGPJ, que estableció que "el ejercicio de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga" ni fijar servicios mínimos, "al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello". La Fiscalía General del Estado insiste en que tendrán que "garantizarse la práctica de todas aquellas actuaciones judiciales o fiscales en las que la falta de intervención" del fiscal "pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos" y aquellos señalamientos fijados con anterioridad que se hayan mantenido. Las asociaciones convocantes defienden que "el derecho

Por su parte, Iustitia Europa y su presidente Luis María Pardo han asegurado que apoyarían la huelga y Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ha sostenido que se han reunido para "visibilizar su frontal oposición a la aprobación de un proyecto de ley que supondrá el retroceso más serio en el Poder Judicial en los últimos 40 años" y han animado a seguir su causa.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización Territorial del PP, ha criticado tras la huelga que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros intentan "controlar el poder judicial" y que su gestión "es un ataque permanente a la separación de poderes". Es por ello que apoya la manifestación de jueces y fiscales.

Bolaños responde

Tras ver la manifestación, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha asegurado este sábado que "ni una sola línea" de la reforma judicial que impulsa el Gobierno afectará a la independencia de los jueces y fiscales: "Pueden estar tranquilos, porque ni una sola línea de la reforma de la Justicia afecta ni a la independencia judicial, ni al Estado de Derecho".

En una comparecencia ante los medios, Félix Bolaños ha considerado "infundadas" las críticas de estos colectivos contra esa reforma judicial y ha pedido respeto al poder legislativo. Bolaños ha comparado esta reforma judicial con la aprobación hace dos décadas del matrimonio igualitario, y ha pronosticado que, "con el tiempo, como ha ocurrido con el matrimonio igualitario, las críticas se mostrarán injustificadas".

Además, ha insistido en que "nunca ha habido tantas" plazas en tan poco tiempo, al tiempo que ha destacado que el proyecto de reforma no afecta a las nuevas promociones de jueces. "Al revés, mejora su formación profesional, porque en cinco años todos serán magistrados sin necesidad de concursar", ha resumido Bolaños, que, asimismo, ha defendido que las oposiciones serán "más duras" porque se le añade un examen escrito, "como es lógico en un trabajo que consiste, en parte, en escribir autos".