Según ha adelantado la vicepresidenta del Gobierno, este anteproyecto deroga la actual ley de Justicia gratuita en vigor desde hace 17 años para permitir que colectivos que no tenían este beneficio puedan acceder a este servicio.
Otra de las novedades es que además del nivel de renta, se tendrá en cuenta por primera vez las circunstancias familiares de quienes soliciten el servicio. También se amplían los colectivos beneficiarios independientemente de sus niveles de renta, ya que a la Justicia gratuita podrán acogerse los más vulnerables como las víctimas de violencia género, terrorismo, trata de seres humanos y discapacitados, así como organizaciones sindicales, de consumidores o la Cruz Roja.
La intención del anteproyecto es garantizar "un derecho fundamental para quienes carecen de medios para litigar", según ha destacado Saénz de Santamaría.