La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a siete años y un día de cárcel al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y a cuatro años y un día de prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez en una pieza separada del caso ERE por las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).
En la sentencia se absuelve, sin embargo, a otros tres ex altos cargos de la Junta que fueron enjuiciados y ha impuesto condenas de entre dos y cinco años de prisión a otros cinco acusados ajenos a la Administración autonómica.
El tribunal condena al exconsejero de Empleo como autor de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con malversación de caudales públicos, y le impone siete años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante diecisiete años y quince días. Por contra, lo absuelve de un delito de tráfico de influencias.
En la sentencia notificada este viernes a las partes personadas en el procedimiento, contra la que cabe recurso, los magistrados condenan al ex director general de Trabajo Juan Márquez como autor de un delito de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con malversación, y le impone cuatro años y un díade cárcel y diez años y un día de inhabilitación absoluta.
El tribunal absuelve al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá de los delitos de prevaricación y falsedad; al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera de delitos de prevaricación, malversación y falsedad, y al ex director general de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano de los delitos de malversación y prevaricación de los que fue acusado.
La Sala declara extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y de otro encausado que fue incluido como "intruso" -beneficiario de las ayudas pese a no tener relación con la empresa-. En concepto de responsabilidad civil, seis de los siete condenados en esta pieza separada del caso ERE -todos a excepción del ex director general de Trabajo Juan Márquez- deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con hasta 3.033.625,84 euros, aunque cada uno de ellos en diferente proporción.
Los magistrados consideran que se "prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Según el tribunal, "nos encontramos ante irregularidades e ilegalidades clamorosas, de bulto, que evidencian el desprecio a normas de obligado cumplimiento y la arbitrariedad en la concesión de la examinada ayuda a Acyco".
La Audiencia considera que los hechos son constitutivos de un delito de malversación, ya que, "con la arbitraria concesión de la ayuda a Acyco, se ha permitido un desvío injustificado e ilegal de caudales públicos a favor de terceros, aceptado y consentido por las autoridades y funcionarios actuantes".
Sobre el papel de Antonio Fernández, los magistrados recuerdan que ostentó el cargo de viceconsejero de Empleo y vicepresidente del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) desde el 1 de enero de 1999 hasta el 28 de abril de 2004, ascendiendo en esa fecha a consejero del sector, cargo que desempeñó hasta el 22 de marzo de 2010.
"Habiendo sido informado" por el director general de Trabajo de la subvención a otorgar a Acyco y de su importe, lo que "le hubiera obligado a presentar su concesión a la aprobación y ratificación del Consejo de Gobierno de la Junta, dada su condición de vicepresidente del Consejo Rector del IFA, y no se realizó". A juicio del tribunal, "la ilegalidad era tan evidente que tuvo que ser conocida y consentida por el citado viceconsejero", ya que "se concedió de forma verbal, omitiéndose la obligación de registrar la subvención".