La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid ha concluido que en marzo y abril de 2020 se produjo un exceso de mortalidad en las residencias de la región, el doble que en otras comunidades autónomas, y ha estimado que si no se hubieran aplicado criterios "discriminatorios" se podrían haber salvado 4.000 vidas. Asimismo, señala que el Gobierno regional dirigido por Isabel Díaz Ayuso dio una respuesta "inadecuada" y se "vulneraron derechos fundamentales" de los residentes y sus familias.
Esta Comisión se constituyó en abril de 2023 a instancias de familiares y afectados, ante la falta de interés y voluntad de las autoridades políticas y judiciales para averiguar, analizar e informar sobre qué sucedió a las personas mayores confinadas en las residencias durante las primeras semanas de la pandemia.
Los miembros de la Comisión, presidida por el jurista José Antonio Martín Pallín, han presentado este viernes las conclusiones en una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid, entre las que destaca que el Gobierno de la Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como por carecer de seguro privado.
La investigación se ha llevado a cabo a partir de los datos oficiales de la Comunidad de Madrid, así como de informes elaborados por organizaciones públicas y de la sociedad civil, artículos académicos, declaraciones de los comparecientes en la comisión de investigación de la Asamblea, resoluciones judiciales, artículos periodísticos y testimonios de familiares.
También cuenta con información procedente de supervivientes de las residencias de mayores, trabajadoras de estos centros, autoridades, periodistas, profesionales sanitarios y miembros de entidades sociales. El doctor Fernando Lamata ha explicado que las personas que fueron derivadas a los hospitales durante los meses marzo y abril tuvieron un porcentaje de supervivencia del 65%, lo que, aplicado a las 7.291 personas que murieron en residencias sin ser derivadas, habría supuesto que "más de 4.000 personas podrían haber salvado su vida".
"Se han vulnerado gravemente los derechos"
Lamata ha asegurado que el número de derivaciones pasó de 120 diarias a una media de 65 durante entre el 7 y el 31 de marzo, lejos de las 200 que se tendrían que haber producido, y ha subrayado que hubo "un cierre en las derivaciones que tuvo un impacto en un exceso de muertes" en las residencias. Detalla también que el Ejecutivo madrileño no medicalizó las residencias en marzo y abril de 2020 y tampoco utilizó los medios alternativos existentes para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias ni derivó a pacientes a hospitales privados.
Entre el 22 de marzo y el 23 de abril de 2020 estuvo funcionando un hospital provisional en Ifema, con 1.300 camas y 3.000 profesionales, con los que se podrían haber medicalizado más de mil camas en residencias. En su informe, también destacan que los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes cuando se declaró la pandemia, que la respuesta del Gobierno regional al comienzo de la crisis de el COVID "fue inadecuada" y que la comunicación entre residentes y familiares, así como la información a los familiares fue "inapropiada e incompleta".
Para la Comisión, "se han vulnerado gravemente los derechos fundamentales de los residentes y de sus familiares y se ha vulnerado el derecho a la verdad", puesto que no se ha investigado lo que ocurrió ni se han establecido responsabilidades ni reparaciones justas.