Casi 200 asociaciones y partidos políticos denuncian las palabras machistas del juez del caso del exDAO y piden que se investiguen

Casi 200 asociaciones y formaciones políticas han remitido a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un escrito en que el denuncian las palabras machistas del juez David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, por considerar "que pueden resultar incompatibles con los deberes de imparcialidad, respeto a la ciudadanía y ausencia de estereotipos de género exigibles a quien ejerce funciones jurisdiccionales, especialmente en el ámbito de la violencia contra las mujeres".

Por ello, solicitan "que se acuerde la apertura de información previa o diligencias informativas para determinar si los hechos pudieran ser constitutivos de infracción disciplinaria" y que, "de apreciarse indicios suficientes, se proceda conforme a Derecho a la incoación del oportuno expediente disciplinario".

Asimismo piden "que se adopten, en el ámbito competencial del CGPJ, las medidas oportunas para reforzar la formación en igualdad, derechos de las víctimas y prevención de estereotipos de género en la jurisdicción especializada en violencia sobre la mujer, en línea con el Convenio de Estambul".

En el escrito plasman las declaraciones del juez, que actualmente instruye la denuncia contra el exDAO de la Policía Nacional por presunta agresión sexual a una subordinada, publicadas en exclusiva por laSexta, en las que llegó a afirmar en una ponencia organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid que algunas mujeres denuncian para obtener de forma rápida una orden de protección, hablando de "la caza de la orden".

También dijo que se han otorgado "tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia" y que, en relación con menores, la madre "le va haciendo el correspondiente lavado de coco". "Tales manifestaciones no son neutrales ni meramente académicas. Proyectan una visión estereotipada de las mujeres denunciantes de violencia y de las madres en procedimientos de familia o violencia, al insinuar un uso instrumental de la denuncia y una supuesta manipulación materna de los hijos e hijas", destaca el documento.

"En un órgano judicial especializado, ese discurso compromete de forma objetiva la confianza de las víctimas en recibir una tutela libre de prejuicios. El derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo, así como el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, vinculan a todos los poderes públicos", remarca.

Además, recuerda que la Constitución establece que "los poderes públicos deben promover que la igualdad sea real y efectiva; prohíbe expresamente la discriminación por razón de sexo; y dispone que la justicia se administra por jueces y magistrados “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".

El escrito remite también al Convenio de Estambul, "que obliga a España a erradicar prejuicios y prácticas basadas en la inferioridad de la mujer o en roles estereotipados; a reforzar la formación de los profesionales que tratan con víctimas en igualdad, derechos de las víctimas y prevención de la victimización secundaria; y a asegurar que los procedimientos judiciales en materia de violencia contra las mujeres se desarrollen sin demoras injustificadas y con respeto a los derechos de la víctima".

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