Las gasolineras flotantes de Gibraltar incumplen la normativa europea y ponen en riesgo una zona de especial protección, por ello, el Consejo de Ministros aprobará una reforma legal que permita hacer frente a este tipo de ‘bunkering’.
Miguel Arias Cañete, ministro de Medio Ambiente ha propuesto la medida mirando por "los ecosistemas marinos no pueden ser vulnerados por caprichos de gobiernos irresponsables".
El Gobierno también ha denunciado ya ante la fiscalía el vertido de piedra y arena para construir nuevos espigones. Algo que se espera que se tome muy en serio la Comisión Europea cuando acuda a verificar qué está ocurriendo en la verja, donde continúan las largas colas de coches que afectan sobre todo a los comerciantes de La Línea de la Concepción.
Lorenzo Pérez, de la Asociación de Comerciantes de La Línea, asegura que "si la situación no cambia pueden comenzar los despidos por el resentimiento de la economía".
El ayuntamiento ha inaugurado una oficina de atención a los afectados en la que se facilitan formularios para estimar las pérdidas. Su alcaldesa, Genma Araújo, dice que es injusto que estén siendo ellos los grandes perjudicados de la crisis diplomática, "los ciudadanos de La Línea no deben pagar las consecuencias de las políticas de Estado con Gibraltar".