En rueda de prensa tras la reunión semanal del gabinete de Ana Botella, el vicealcalde ha argumentado que "es una materia muy específica, que es penal, y el Gobierno (municipal) ha creído oportuno encargar la representación del interés de los ciudadanos madrileños a un profesional que reúne estos requisitos", ha declarado.
Ha indicado que la Dirección General de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento tiene once letrados que realizan informes jurídicos pero no ejercen tareas de personación procesal y veintiséis que sí asisten a juicios pero cuya especialidad son los procesos contenciosos y no penales.
Además, ha precisado que este servicio cuenta en total con 78 personas pero entre ellas se incluye al personal administrativo y auxiliar, "que ni hacen informes jurídicos ni representación procesal". En cuanto al amparo legal de esta contratación, que se aprobó el pasado día 16, ha dicho que la Ley de Capitalidad y la Ley Orgánica del Poder Judicial permite al Ayuntamiento designar para su representación y defensa en juicio a un colegiado ajeno a sus servicios jurídicos.
Aunque Villanueva no ha facilitado el coste de esta contratación, ha revelado que se trata de un contrato menor, lo que supone que los honorarios profesionales se encuentran limitados por el límite legal para este tipo de contratos, que es de 18.000 euros, IVA excluido.
El Ayuntamiento ha hecho hincapié en que esta contratación está justificada desde un punto de vista legal y de oportunidad, además de económico. Asimismo, fuentes municipales han indicado que en el Ayuntamiento de Madrid hay varios antecedentes, entre ellos el recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra la publicación por parte de Eurostat en abril de 2006 de los datos relativos al déficit público y deuda pública de los Estados de la zona euro.