Caso Begoña

Begoña Gómez acusa al juez Peinado de aplicar "una velocidad de crucero" incompatible con un Estado democrático

Los detalles La defensa de la esposa del presidente del Gobierno recurre la vistilla convocada por el juez Peinado para evaluar posibles medidas cautelares antes del inicio del juicio.

Begoña Gómez durante una comparecencia en noviembre de 2024. Imagen de archivo. Begoña Gómez durante una comparecencia en noviembre de 2024. Imagen de archivo. Eduardo Parra / Europa Press
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La defensa de Begoña Gómez recurre ante el juez Juan Carlos Peinado su decisión de convocar una audiencia preliminar al juicio para el próximo 9 de junio. En ese escrito al que ha tenido acceso laSexta, crítica que el magistrado haya dado a esta segunda incoación del Procedimiento del Jurado "una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías de proceso penal en un Estado Democrático, como si tuviera excesiva prisa en finalizar el procedimiento".

El abogado de la esposa del presidente del Gobierno, Antonio Camacho, señala que el instructor incoó el Jurado y lo cerró en el mismo auto, privando a las partes de "trámites esenciales en el procedimiento del Jurado".

El juez Peinado convocó a Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés a una vista preliminar al juicio por sus actividades en la Universidad Complutense de Madrid. En esa citación, les advertía de que deben "comparecer personalmente", bajo amenaza de que si no lo hacen podrían ser "conducidos por la fuerza pública".

Peinado planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

La esposa de Pedro Sánchez está siendo investigada judicialmente desde abril de 2024 a raíz de una denuncia del sindicato vinculado a la ultraderecha Manos Limpias. La Fiscalía ha solicitado repetidamente el archivo de este caso. El juez Juan Carlos Peinado indaga si utilizó su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer la adjudicación de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés, lo que encajaría en delitos de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Además, la investigación se ha ampliado a su actividad al frente de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, en particular por la creación y registro de un software desarrollado en ese marco, por posibles delitos de apropiación indebida e intrusismo.

También se investiga un delito de presunta malversación relacionado con el nombramiento y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, para determinar si pudo haber un uso indebido de recursos públicos en beneficio de actividades privadas.

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