Mercedes González, imputada

Anticorrupción apunta que Mercedes González y Leire Díez tenían una "relación personal y reiterada"

Los detalles Según el escrito de la Fiscalía en el que justifica la petición de imputación de Mercedes González, la relación era "previa al nombramiento" de González como directora de la Guardia Civil y "continuó tras su toma de posesión".

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Mercedes González y Leire Díez tenían "una relación personal y reiterada", según la Fiscalía Anticorrupción. En el escrito en el que han solicitado al juez Santiago Pedraz la imputación de la directora de la Guardia Civil, al que ha accedido laSexta, esgrimen que ha resultado "acreditado" que ambas tuvieron una vinculación en base a "la geolocalización de terminales, la agenda intervenida a Leire Díez, los registros de WhatsApp y las declaraciones de testigos".

Esta relación, según la Fiscalía, era "previa al nombramiento" de González como directora de la Guardia Civil y "continuó tras su toma de posesión" el 17 de septiembre de 2024, algo que creen que constatan las "tres reuniones presenciales" que mantuvieron y los "múltiples contactos por mensajería instantánea" entre ambas.

"La apertura, por orden directa de los investigados, de informaciones reservadas dirigidas exclusivamente contra la UCO con una base motivacional manifiestamente arbitraria integra el núcleo típico de la prevaricación", añaden, aludiendo también al DAO, que ha sido imputado junto a González por el juez Santiago Pedraz.

Según el escrito, la "sincronía temporal" de los contactos con la trama, el borrado de comunicaciones y la inmediata apertura del expediente interno contra la UCO "no admite" otra lectura que "la propia de un acto causalmente conexo con la actividad delictiva que se investiga".

"Este extremo ha quedado acreditado por las declaraciones testificales del 26 y 28 de junio de 2026, en las que el propio jefe de Estado Mayor reconoció no disponer de informe ni de base jurídica alguna para sostener la propuesta de amonestación al agente analista de la UCO", añaden en el escrito, que considera que la justificación basada en la "presunción de veracidad de una información periodística" y en la falta de desmentido por parte de la unidad afectada es "jurídicamente insostenible y revela el dolo prevaricador".

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