Nuevos datos ahondan aún más la controversia en torno a los protocolos que -según el consejero de Políticas Sociales- la Comunidad de Madrid estableció para las residencias de ancianos, por los que se descartó trasladar al hospital a los mayores con coronavirus con un cierto nivel de dependencia. Algunos mayores sí tuvieron la oportunidad de ser tratados en hospitales: los que contaban con un seguro privado.

Según ha confirmado la aseguradora ASISA a laSexta, "atendieron al 100% de sus asegurados, y nunca se aplicaron criterios como la edad o la gravedad de las patologías". Por eso, las residencias sin ánimo de lucro denuncian el agravio comparativo. En palabras de Juan José García Ferrer, secretario general de Federación Lares, "si mcuhos de nuestros mayores no tienen derecho ni siquiera a una plaza pública, ¿cómo van a tener seguros privados?".

Tal y como ha publicado 'El País', la Comunidad impuso los criterios de exclusión solo en los hospitales públicos y no en los de la sanidad privada, por lo que se discriminó a aquellos mayores que no disponían de un seguro privado. El citado medio incluye en su artículo a operadores de la red privada de hospitales y a sus clientes que confirman que sus coberturas les permitieron recibir una atención hospitalaria que de otra forma se les habría negado.

La Comunidad de Madrid estableció durante el momento más crítico de la pandemia una serie de criterios para la hospitalización de residentes que excluían a los mayores en fase terminal y a aquellos con grandes dependencias o demencias avanzadas, según ha denunciado su propio consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.

A las residencias madrileñas se les asignó un geriatra de referencia en un hospital público de su zona, que decidía por teléfono si era posible derivar al paciente al centro hospitalario, teniendo en cuenta para ello sus síntomas, la saturación de las Urgencias y los criterios del protocolo de la Consejería de Sanidad.

Un triaje que, en cambio, no se impuso en las clínicas y hospitales privados, aunque la Consejería ostentaba el mando único también sobre la sanidad de titularidad privada. Así, en el caso de los ancianos con seguro privado, sus cuidadores en las residencias simplemente podían llamar a la aseguradora para pedir una ambulancia.

La hija de una anciana residente en un centro de Madrid incluso ha relatado al periódico que llamó a Sanitas para que una ambulancia recogiera a su madre, una anciana que por su nivel de dependencia no habría pasado el filtro que se aplicó para la sanidad pública. Esta familiar se muestra convencida de que su progenitora hubiera muerto de no ser por ese seguro privado.

El PP defiende su gestión de las residencias

Desde el Gobierno de Ayuso, sin embargo, niegan cualquier tipo de discriminación. "En contra de lo que piensan, no hemos dejado a nadie atrás, ni a personas mayores ni con discapacidad. Desde la Consejería de Sanidad hemos actuado en todo momento garantizando la asistencia adecuada a todos los madrileños", ha asegurado el consejero Enrique Ruiz Escudero.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, también se ha pronunciado al respecto en Antena 3, donde ha defendido la gestión del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso. "Se ha construido muy rápido Ifema y allí no se preguntaba si se tenía seguro o no", ha aseverado, en alusión al hospital de campaña que la Comunidad dispuso en el recinto ferial. "Ese hospital milagro, como el resto, ha estado a disposición de quien lo necesita", ha insistido, cargando contra la gestión del Gobierno central.

Ayuso defiende su gestión y Egea asegura que en Ifema "no se preguntaba si se tenía seguro"

Incluso la propia Díaz Ayuso ha defendido este jueves en la Asamblea de Madrid su gestión de las residencias, asegurando que "no deberíamos hacer de la anécdota categoría". La presidenta madrileña ha negado la existencia de protocolos de la Consejería que excluyese de la hospitalización a los ancianos en función de su grado de dependencia.

"No ha habido una orden pública que haya decidido los traslados o no", ha asegurado, a pesar de que su propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, admitió la semana pasada que ese protocolo se envió "por error".