Otra vez a debate
Abortar en España, según cada región: una desigualdad que vulnera el derecho de decisión de muchas mujeres
Las cifras Durante el año 2024 hasta una docena de provincias obligaron a las mujeres que quisieron abortar a trasladarse a otra. De hecho, en 2021 más de 4.000 mujeres tuvieron que irse de su lugar de residencia para ejercer su derecho.
Resumen IA supervisado
El derecho al aborto en España está garantizado, pero en 2024, varias provincias obligaron a las mujeres a trasladarse para abortar, vulnerando este derecho. En 2021, más de 4.000 mujeres tuvieron que hacerlo. El caso de Antonia, quien fue obligada a viajar a Madrid para abortar, sirvió como ejemplo de esta problemática. El Tribunal Constitucional falló a su favor en 2023, pero las desigualdades persisten. Silvia Aldavert y Josefina Musulén destacan que las diferencias entre comunidades autónomas y la falta de preparación del sistema público obligan a muchas mujeres a recurrir a clínicas privadas, especialmente en regiones como Extremadura, Ceuta y Melilla.
* Resumen supervisado por periodistas.
El aborto es un derecho garantizado para todas las mujeres en España. Por tanto, obligarlas a trasladarse a otra provincia para interrumpir de forma voluntaria el embarazo lo vulnera. Así lo dice el mismo Tribunal Constitucional. Sin embargo, durante el año 2024 hasta una docena de provincias obligaron a las mujeres que quisieron abortar a trasladarse a otra. Otra cifra. Según datos de 2021, más de 4.000 mujeres tuvieron que irse de su lugar de residencia para ejercer su derecho.
De hecho, el caso de Antonia fue el altavoz para denunciarlo, pues le "quitaron" su "derecho a decidir", cuando un comité ético del servicio de salud de la Región de Murcia tuvo que tomar su propia decisión de abortar, sin aviso previo. En este sentido, cuenta que no le trasladaron "que tenía derecho a decidir hasta las 22 semanas".
Finalmente, la derivaron a una clínica privada de Madrid, es decir, a más de 400 kilómetros de su casa. Un traslado que vulnera la ley y por el que el Tribunal Constitucional le dio la razón en 2023. Dos años después, sin embargo, se siguen produciendo este tipo de casos, puesto que "acceder al aborto es diferente en cada comunidad autónoma y hace que las desigualdades sean muy grandes", explica Silvia Aldavert, directora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos.
Diferencias que se observan en el límite de semanas para abortar o la poca preparación del sistema público. Josefina Musulén, representante de la Coordinadora de Asociaciones Feministas de Zaragoza, ha asegurado a laSexta que "no se puede hacer en hospitales públicos", derivando a las mujeres "a clínicas privadas". Por eso, ha destacado que siguen "reivindicando el aborto en la pública".
Si se observa el número de abortos practicados en centros públicos y privados, se desprende que en once regiones los abortos privados superan el 90% del total. Entre ellas, las que más destacan son Extremadura, Ceuta y Melilla donde ninguna mujer pudo abortar en la sanidad pública. Precisamente, sobre las ciudades autónomas Aldavert recuerda que "tienen que derivar a las mujeres a hacer abortos en Andalucía". En definitiva, desigualdades que vulneran el derecho de decisión de muchas mujeres en una sanidad pública que está lejos de cumplir la ley.
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