La Abogacía del Estado pide el archivo de la pieza separada contra Begoña Gómez al no ver un delito de malversación

La Abogacía del Estado ha pedido el archivo de la pieza separada contra Begoña Gómez, al entender que no concurren los elementos para imputarle un delito de malversación.

El escrito, al que ha tenido acceso laSexta, señala que Gómez "no ostenta la condición de funcionaria pública, por lo que no puede ser sujeto activo del delito de malversación". Por su parte, Cristina Álvarez, "aun teniendo la consideración de personal eventual, se ha limitado a cumplir las funciones inherentes a su puesto de trabajo".

"Las labores de asistencia, logística y coordinación que realizó en apoyo de la esposa del presidente del Gobierno entran dentro del ámbito de confianza para el que fue nombrada, sin que ello suponga desviación alguna de caudales públicos. En ningún momento se ha producido detrimento o perjuicio alguno para el erario público por dichas actividades de apoyo", señala.

Además, los servicios jurídicos del Estado, que representan al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, señalan que existe un "déficit probatorio" que afecta tanto a su cliente como a las otras dos investigadas en la causa: Begoña Gómez y su secretaria, Cristina Álvarez.

De igual modo, recalca que ni en la querella ni en las diligencias practicadas se ha aportado elemento alguno que vincule personalmente a Martín con una eventual desviación de caudales o irregularidad en las funciones de María Cristina Álvarez Rodríguez.

Nueva cita de Gómez con el juez Peinado

El juez Juan Carlos Peinado ha citado para las 17:30 horas de este lunes a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para comunicarle que, si acaba juzgada, lo será por un jurado popular por todos los delitos por lo que está investigada -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo-, no solo por la supuesta malversación, como acordó en un principio.

Es la sexta vez que Gómez es citada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio; y en la tercera y la cuarta decidió contestar solo a su defensa.

La quinta vez optó por no acudir, quedando representada por su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho. Fue el pasado 27 de septiembre, cuando el juez la citó para informarla de que, en caso de ir a juicio por la pieza separada de malversación -relativa a la contratación y las actividades desarrolladas por su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez,- sería juzgada por un jurado popular.