Misael Ponce, el padre de la niña, fue deportado al intentar entrar ilegalmente en Estados Unidos, mientras que la niña de 6 años se quedó en EEUU durante tres meses. Ahora ambos se han reencontrado en Honduras. "Me preocupa que ella venga con un trauma", afirma Ponce, a lo que añade que "es algo difícil para ella porque ha venido pensativa y rara pero nosotros estamos apoyándola para que se le vaya pasando".
El Gobierno Donald Trump ha propuesto una nueva reglamentación para que a los migrantes que reciben legalmente beneficios públicos, como la asistencia alimentaria y los vales de vivienda, se les pueda negar la residencia permanente. La medida podría obligar a millones de migrantes pobres que dependen de la asistencia pública para alimentos y vivienda a hacer una elección difícil entre aceptar ayuda financiera o lograr la residencia permanente, conocida como 'Green Card' (tarjeta verde) para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en un comunicado que la medida es acorde con la ley vigente. "De acuerdo con la ley federal de larga data, aquellos que buscan migrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente", apuntó. "El Departamento se toma en serio su responsabilidad de ser transparente en sus reglamentaciones y está dando la bienvenida al comentario público sobre la regla propuesta", añadió.
Según Nielsen, esta reglamentación implementará una ley aprobada por el Congreso con "la intención de promover la autosuficiencia de los migrantes y proteger los recursos limitados" garantizando que "no se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses".
Los migrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados "carga pública", lo que no les permitiría obtener el estatus de residente legal. La regulación, que según la administración afectaría a unas 382,000 personas al año, es la más reciente de una serie de medidas enérgicas del presidente estadounidense Donald Trump y sus asesores de línea dura sobre inmigración legal e ilegal.
Aunque la medida no pretende afectar a los migrantes a quienes ya se les han otorgado residencia permanente, los defensores de los derechos de los migrantes temen que incluso ellos dejen de usar los beneficios públicos para proteger su estatus migratorio.