Redefinir el concepto de "país seguro" o devoluciones a lugares sin "vínculos": la propuesta de Bruselas para facilitar la devolución de migrantes

Los países de la Unión Europea "han estado sometidos a una importante presión migratoria durante la última década". Estas han sido las palabras pronunciadas por el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, tras anunciar en un comunicado que Bruselas pretende cambiar o endurecer determinados requisitos que, a su vez, van a agilizar la devolución de migrantes a países fuera de la propia UE.

De hecho, una de las ideas puestas sobre la mesa de Bruselas es la redefinición de un concepto clave en cuestiones de migración, como lo es el de "país seguro" para facilitar las devoluciones de migrantes irregulares. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, haciendo que ya no sea necesario que exista una "conexión" entre la persona migrante y el país a la que se le va a devolver. Es decir, un viaje forzado para estas personas, que no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea, a un destino cualquiera, aunque no haya vivido jamás en él o no tenga determinado arraigo con el lugar. Hasta ahora, sí era "obligatoria" la existencia de una conexión entre el país y la persona en cuestión.

Eso sí, Bruselas también ha aclarado que será cada Estado miembro el que "podrán optar" por aplicar o no el concepto de tercer país seguro cuando exista una conexión, siempre y cuando así se establece en su legislación nacional.

Bruselas recordó que, según la legislación comunitaria, los terceros países pueden considerarse seguros cuando cumplen una serie de condiciones, como: la protección contra la devolución, la ausencia de riesgo real de daños graves y de amenazas a la vida y la libertad por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política, así como la posibilidad de solicitar y recibir protección efectiva.

Otra de las medidas que Bruselas tiene en pensamiento es que, a partir de ahora, si un migrante transita por un tercer país, de camino a la UE, ya existe un vínculo. Se puede considerar que ese migrante ya tiene conexión con el tercer país, aunque solo haya sido por viajar cruzando su territorio. Y si esto tampoco se da, hay una tercera opción: que exista "un acuerdo o convenio con un tercer país seguro", que "garantizará que se examine la solicitud de protección efectiva en el tercer país seguro, de modo que los solicitantes puedan recibir protección si está justificado". Esa posibilidad, precisó Bruselas, no se aplicará a los menores no acompañados.

La propuesta exige que los Estados miembros informen a la Comisión y a los demás Estados miembros antes de celebrar acuerdos o convenios con terceros países seguros, lo que permitirá a Bruselas "supervisar que estos acuerdos o convenios cumplan las condiciones establecidas en la legislación de la UE".

"Un golpe letal al derecho de asilo"

Un cambio que, para el comisario de Migración, es "otra herramienta para ayudar a los Estados miembros a procesar las solicitudes de asilo de forma más eficiente" y añade que siempre "respetando plenamente los valores y los derechos fundamentales de la UE". Es más, según la Comisión, la propuesta es "coherente" con el enfoque de "una gestión migratoria más eficaz" establecido en el Pacto sobre Migración y Asilo. Además, "respalda los objetivos generales" de ese pacto y en particular el de hacer más eficiente la tramitación de las solicitudes de asilo en la UE y "encontrar soluciones para cooperar y compartir la carga con terceros países".

Una opinión que no comparten todos los grupos porque, desde Sumar, ya han mostrado su total rechazo. Para la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, la propuesta "es un golpe letal al derecho de asilo" porque "pretende legalizar deportaciones a terceros países donde las personas refugiadas jamás han estado y donde no se tienen vínculos ni garantías de protección".

En la misma línea se ha pronunciado Amnistía Internacional, que ha acusado a la Comisión Europea y su plan de migración de ser "otro intento cínico" de eludir responsabilidad. Entienden que no se puede permitir que se deje en manos de países "con menos recursos y capacidad" la protección que, en teoría debe brindar, la UE.

"Seamos claros: esta revisión solo debilitará el acceso al asilo en Europa, mermará los derechos de las personas e incrementará el riesgo de devolución y de detenciones arbitrarias en terceros países", ha reclamado la ONG. "En lugar de malgastar tiempo y recursos descargando responsabilidades en otros países, la UE debería invertir en sus propios sistemas de asilo y permitir que las personas que buscan asilo reconstruyan sus vida",

El plan de la Comisión, en cualquier caso, no es definitivo, ya que tanto el Consejo Europeo como la Eurocámara tienen también voz antes de la posible adopción final.

Y todo, mientras en España se patean otras medidas. Porque este mismo martes hemos conocido como el Gobierno de Pedro Sánchez planea regularizar a los migrantes llegados a España antes del 31 de diciembre de 2024. La idea es poder corregir la reforma del nuevo reglamento de extranjería, aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre del año pasado, que entra en vigor este martes 20 de mayo.