El Gobierno planea regularizar a los migrantes llegados antes de 2025 para corregir las lagunas de la reforma de extranjería

Todos los que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2024 podrían regularizar su situación. Esto es lo que propone el Gobierno para corregir la reforma del nuevo reglamento de extranjería, aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre del año pasado, que entra en vigor este martes 20 de mayo.

Un reglamento que tiene algunas lagunas, como dejar fuera a un número importante de personas. Lograr los apoyos para darles ese paraguas legal va a ser difícil.

Uno de los puntos que ha despertado grandes críticas de muchas ONGs de defensa de derechos de los migrantes, fuerzas políticas e instituciones como el Defensor del Pueblo es la novedad que establece que el tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional no computará como tiempo a tener en cuenta para optar al arraigo, por lo que una persona cuya petición sea denegada caerá en la irregularidad y deberá permanecer en ella hasta dos años para conseguir los papeles.

Como vía transitoria, durante un año, el Gobierno reduce de 2 años a 6 meses el tiempo de residencia exigido para que los solicitantes de asilo rechazados puedan acceder al arraigo, lo que ha provocado que muchos potenciales refugiados que ya estaban viviendo y trabajando regularmente en España hayan renunciado a su petición y caído en la irregularidad.

Esto ha llevado a siete entidades sociales -la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Coordinadora de Barrios por un lado y Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes por otro- a recurrir el reglamento ante el Tribunal Supremo, que aún no ha pronunciado al respecto.

También el Defensor del Pueblo registró el pasado viernes un informe en las Cortes Generales en el que advierte de que la entrada en vigor del reglamento "podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores".

Estos efectos negativos de la norma han llevado al Gobierno a estudiar nuevas vías para paliar estos daños y a cambiar su posición respecto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de migrantes, que no había estado entre sus prioridades hasta ahora.

En los últimos días, el PSOE ha impulsado las negociaciones en el Congreso con los diferentes grupos para impulsar la tramitación de esta iniciativa, que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y lleva allí más de un año estancada

El texto sobre el que se va a empezar a negociar incide en la excepcionalidad de la regularización y en la limitación en el tiempo. La fecha es uno de los elementos de discordia. De momento, el PSOE reconoce que será complicado lograr el acuerdo.

Reconfigura la figura del arraigo y amplía el visado para la búsqueda de empleo

Con la reforma de la norma que ha entrado en vigor, el Gobierno pretende simplificar procedimientos y eliminar duplicidades. Se trata de una herramienta con la que prevé regularizar a unas 900.000 personas en los próximos tres años, pero que ha despertado un gran rechazo por los posibles riesgos que entraña para colectivos como los solicitantes de asilo o la infancia.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la ha definido como una "gran norma" que da respuesta a la realidad migratoria actual. "Es la reforma más ambiciosa de los últimos años", ha asegurado.

Un momento que ha aprovechado para destacar que los objetivos que se pretenden conseguir con esto son claros: "garantizar los derechos de las personas migrantes, favorecer su integración en nuestra sociedad, reforzar una migración regular y segura y eliminar burocracia innecesaria".

Para ello, el nuevo texto contiene varios cambios y novedades. Uno de los aspectos más importantes que contempla es que se reconfigura la figura del arraigo en cinco tipos -social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar- y reduce de 3 a 2 años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a ella.

También se crea una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles con el fin de mejorar la figura de la reagrupación familiar, a través de una ampliación de su cobertura, por ejemplo, al extender la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años.

Entre sus puntos positivos, el nuevo reglamento establece que todas las autorizaciones iniciales van a ser de un año y las renovaciones, de cuatro, con el fin de evitar situaciones de irregularidad sobrevenida.

Además, las personas que vengan a España para cursar sus estudios contarán con una autorización de estancia inicial que dure el mismo tiempo que su formación y se les facilitará una vía rápida para poder enlazarla con una de trabajo cuando acaben los estudios. Por otro lado, mientras se forman, podrán trabajar un máximo de 30 horas semanales.

Entidades sociales ven "margen de mejora", pero señalan que "llegan tarde"

Las entidades sociales Red Acoge, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Servicio Jesuita Migrantes (SJM), Cáritas y Andalucía Acoge ven "margen de mejora" en el nuevo Reglamento de Extranjería y han pedido aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de migrantes.

En concreto, alertan de las "graves consecuencias" que tendrá la aplicación del reglamento para personas solicitantes de asilo cuyas solicitudes sean rechazadas o que han desistido de sus solicitudes por temor a las consecuencias de la nueva regulación de extranjería.

Estas personas, explican que durante el periodo de tramitación de la solicitud, que suele estar entre uno y dos años, cuentan con una autorización para permanecer y trabajar en el Estado español. "Con la reforma del reglamento, la denegación de la solicitud de asilo supondrá para decenas de miles de personas no solo la pérdida de esta autorización, sino que, deberán esperar dos años más para poder solicitar una autorización por arraigo, porque no se les reconocerá el tiempo de permanencia previo", exponen.

De esta forma, consideran que el nuevo Reglamento de Extranjería genera que "personas y familias que se encuentran trabajando formalmente, cotizando y desarrollando sus proyectos de vida con reconocimiento de derechos en España, sean penalizadas dejándolas en situación administrativa irregular, perdiendo los derechos reconocidos".

Finalmente, respecto a las instrucciones aprobadas por el Gobierno para aclarar cuestiones de la norma. La entidades apuntan que demuestran una "voluntad de mejora" del reglamento. En todo caso, las entidades dicen que "llegan tarde" y que "no son la vía adecuada para introducir algunas medidas de calado que recogen, debido a la poca seguridad jurídica que generan".