Junto a este incremento de la tarifa, a partir de enero los usuarios con potencias contratadas entre 3 y 10 kilovatios y que sobrepasen en más de un 10% determinados consumos medios deberán hacer frente a recargos que podrían encarecer su recibo de la luz entre el 1 y el 8%.
El coste de la energía supone alrededor de la mitad de la TUR, a la que están acogidos 17 millones de hogares y pymes, mientras que la otra mitad corresponde a los peajes de acceso, con los que se pagan costes regulados como el transporte, la distribución, las ayudas al carbón o las primas a las renovables.
Como ya hiciera en octubre, el Gobierno ha decidido congelar los peajes de acceso con la intención de que la evolución de la TUR, que se revisa trimestralmente, dependan únicamente del resultado de las subastas que determinan el coste de la energía, denominadas Cesur.
La subasta celebrada hoy se ha cerrado con un precio para el producto base de 54,18 euros el megavatio hora (MWh) y de 61,14 euros para el producto punta, lo que supone incrementos del 10 y del 12,7%, respectivamente, respecto a los del trimestre anterior.
En total, se ha subastado una carga base de 3.000 megavatios para cada hora del trimestre y de 345 megavatios de carga punta para cada hora entre las 08.00 y las 20.00 horas, excepto sábados y domingos.
Una vez aplicados determinados ajustes relacionados con conceptos como servicios de ajustes, apuntamiento, pagos por capacidad, pérdida o prima de riesgo, estos descensos de precios se traducirán en un encarecimiento de la energía del 6,9%, según fuentes del sector.
Desde julio de 2009, la TUR es la única tarifa eléctrica que fija el Gobierno y a ella sólo tienen acceso los usuarios con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios. A lo largo de 2012, la TUR subió en abril (4%) y julio (7%), mientras que en octubre bajó el 2,4%, una rebaja que quedó anulada por el incremento del IVA en septiembre (del 18 al 21%).
Además, a estos conceptos hay que sumar las refacturaciones derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a revisar al alza y con carácter retroactivo los consumos desde octubre de 2011.
A lo largo del ejercicio, el Ejecutivo ha impulsado tres cambios regulatorios para poner fin al déficit de tarifa, un agujero de 24.000 millones de euros que se genera porque los ingresos que se obtienen vía recibo de la luz no son suficientes para cubrir todos los costes que se pretende remunerar con ellos.
La última de estas iniciativas, consistente en la creación de siete impuestos energéticos, recibió ayer el visto bueno del Congreso con los únicos votos del PP y el rechazo de las eléctricas, tanto tradicionales como renovables, así como de gran parte de la industria, que augura que las compañías trasladarán a sus precios los nuevos gravámenes lo que les restará competitividad.
El déficit se genera desde 2000, cuando el Gobierno decidió no subir la luz en la proporción necesaria para cubrir todos los costes que soporta el sistema y generar por la diferencia una deuda con las eléctricas que los usuarios deberán pagar durante 25 años.
El Ejecutivo prevé que con las medidas adoptadas el déficit de tarifa se deje de generar en 2013, año en el que reformará el sector para que el precio de la luz reflejo sólo el coste de generar, transportar y distribuir la electricidad y no otros conceptos.
Entre esos otros costes figuran las primas a las renovables, el sobrecoste del suministro a las islas, las ayudas al carbón, la moratoria nuclear o los intereses por el déficit de tarifa acumulado.
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