El texto legal, que ahora se envía al Senado para continuar su tramitación parlamentaria, corresponde con el último borrador elaborado por el PP e incluye una enmienda de UPN relativa al fondo social para alquiler. La nueva enmienda estipula que en un plazo de 6 meses se evaluará ampliar el colectivo de personas en situación de vulnerabilidad que pueden beneficiarse del fondo social de vivienda de la banca, que cuenta con casi 6.000 viviendas. Todos los grupos de la oposición han criticado con dureza el texto elaborado por el PP al considerar que no resuelve el problema de los desalojos y que no incluye sus enmiendas.
Durante el debate de la Comisión, la portavoz de vivienda del PSOE, Leire Iglesias, ha señalado que la nueva ley supone un "cierre en falso" del problema de los desahucios y "finiquita" la esperanza que pusieron los ciudadanos en la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago. Iglesias ha afirmado que la legislación hipotecaria es "tremendamente desequilibrada", ha alertado de que esta ley representa "el fracaso de la política" y ha alertado de que en breve será superada por la realidad social.
La diputada de CiU Lourdes Ciuró ha criticado que la nueva ley sólo recoge las enmiendas del PP, excepto en cuestiones "puntuales y anecdóticas", y no refleja la pluralidad de la Cámara. Ciuró apostó por una ley más ambiciosa que de una solución a todas las personas que han sufrido un desalojo de su vivienda y quienes pasan "penurias para seguir pagando" e insistió en que no se aborda las situaciones de sobre-endeudamiento familiar, una de sus principales reivindicaciones.
Desde la Izquierda Plural Joan Coscubiela dijo que el grupo popular "vuelve a dar la espalda a la realidad", a una ILP apoyada por 1,5 millones de ciudadanos y auguró que la futura ley "muy pronto quedará desbordada por los tribunales" porque continúa negándose a incorporar una solución a la segunda oportunidad.
En el mismo sentido Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, volvió a pedir la ley de segunda oportunidad, una de las principales demandas de este partido, y cargó contra la "obcecación irracional" del PP y del Gobierno en no llegar a acuerdos en cuestiones en las que todos los grupos de la oposición coinciden.
El diputado del PNV Pedro Azpiazu lamentó que sea imposible lograr un acuerdo entre todos los grupos para abordar el problema de los desahucios y coincidió en que la nueva norma será superada en poco tiempo por la justicia y la situación social.
Por el grupo mixto, la diputada Olaia Fernández (BNG) acusó al PP de hacer de "cinismo puro" y simular "una pose inicial" con la ILP para después "ignorarla" y opinó que el nuevo texto no supone ningún avance respecto a la situación que existía al comienzo de la tramitación de las leyes sobre desahucios a finales de 2012. Todos los grupos han criticado la tramitación conjunta que ha hecho el PP de los dos proyectos de ley sobre el asunto de los desahucios.
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