Ley de Memoria Democrática
El Gobierno reconoce 63 asesinatos franquistas entre 1979 y 1983 a manos de la Policía y la extrema derecha
Los detalles Una comisión ha estudiado las violaciones de los derechos humanos entre la entrada en vigor de la Constitución y 1983. Tras más de dos años de trabajo, el informe evidencia la violencia política que venía de la dictadura.
Resumen IA supervisado
Un informe elaborado por una comisión gubernamental revela que entre la entrada en vigor de la Constitución y 1983, 63 personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad o grupos de extrema derecha en España. La Ley de Memoria Democrática de 2022 impulsó la creación de tres comisiones para estudiar violaciones de derechos humanos, la represión al pueblo gitano y las indemnizaciones a víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, que ascienden a más de 22.000 millones de euros para 611.828 beneficiarios. El informe señala que, durante la Transición, persistieron prácticas antidemocráticas y abusos policiales. Además, destaca la histórica persecución al pueblo gitano, proponiendo medidas de protección y reparación.
* Resumen supervisado por periodistas.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de grupos de extrema derecha asesinaron a 63 personas entre la entrada en vigor de la Constitución y 1983. Es una de las conclusiones a las que llega un informe elaborado por la comisión nombrada por el Gobierno para estudiar violaciones de derechos humanos que se produjeron durante la Transición.
La Ley de Memoria Democrática establecía en 2022 que el Gobierno impulsase tres comisiones: la de las vulneraciones de derechos humanos, una sobre la represión al pueblo gitano y una tercera para evaluar las medidas económicas otorgadas hasta ahora a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
En este último caso, se ha concluido que las indemnizaciones a víctimas de la Guerra Civil y el franquismo por parte de las administraciones públicas suman más de 22.000 millones de euros a lo largo de la democracia, con más de 610.000 personas beneficiarias. El informe, al que ha accedido la agencia EFE, recopila cifras facilitadas por los ministerios implicados (Seguridad Social, Hacienda e Igualdad) y las únicas seis comunidades autónomas que aportaron datos (Cataluña, Navarra, Andalucía, Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha).
En total, las indemnizaciones ascienden a 22.160 millones de euros a través de diferentes normativas impulsadas en el ámbito estatal desde la ley de amnistía de 1977 hasta finales del año 2024, con un total de 611.828 personas beneficiarias. El grueso de las indemnizaciones corresponde a las pensiones para los militares no profesionales y sus familiares (9.907 millones de euros), seguido de las pensiones para personas mutiladas y allegados (4.078 millones) y las de los familiares de personas fallecidas o desaparecidas (4.059 millones).
Volviendo a la cuestión de las víctimas del franquismo, el texto concluye que la Transición estuvo marcada por prácticas antidemocráticas que buscaban mantener el régimen. La aprobación de la Constitución "no bastó por si sola" para terminar con las prácticas procedentes de la dictadura, según el informe, que habla de la Transición como "un espacio gris" en el que siguieron dándose abusos policiales y excesos por parte de las autoridades.
El año en el que más asesinatos hubo fue 1980, con 28, de los cuales 20 se atribuyen a la ultraderecha. Entre las 63 víctimas, nueve fueron mujeres. La mayoría de los casos ocurrieron en Madrid y en diferentes localidades de Euskadi.
"Aquellos cuerpos policiales procedentes de la dictadura estaban mal instruidos, mal equipados y peor mandados. Recibían una formación limitada que les capacitaba para reprimir, pero que les inhabilitaba para llevar a cabo un desempeño profesional adecuado en el marco de un régimen democrático. Ello dio lugar a una sucesión de excesos y graves violaciones de derechos humanos tanto en su actuación en la calle como en el trato a los detenidos en las dependencias policiales y en la propia dinámica de la institución", recoge el informe.
El informe incluye un tercer grupo de actores del que pudo provenir la violencia durante esos años: personas vinculadas funcionalmente al Estado, "cuya actuación se vio favorecida por la impunidad estructural, la ausencia de control o la colusión con empleados públicos".
Ha habido "persecución institucional" al pueblo gitano
Grupos Armados Españoles, el Batallón Vasco Español, Triple A, Fuerza Nueva, el Frente de la Juventud, Falange o el Comando Antimarxista eran algunos de los grupos que mataron a esas 63 personas, dentro de un informe que deja fuera a los "miembros de ETA que murieron a manos del Batallón Vasco Español, del GAL o de las actuaciones policiales descontroladas".
La agencia EFE también ha accedido a las conclusiones de la comisión sobre la represión al pueblo gitano, que concluye ha habido "persecución institucional" ejercida contra este colectivo a lo largo de seis siglos, desde la época de los Reyes Católicos.
Aseguran que el antigitanismo y las desigualdades que sufren persisten en ámbitos como la educación, el empleo, la vivienda o la salud. Entre las propuestas de la comisión destacan la aprobación de una ley integral de protección y reparación al pueblo gitano, la celebración de un gran acto de Estado con este mismo objetivo, así como la revisión de símbolos asociados a episodios de persecución, como por ejemplo denominaciones en el callejero.