El Plan España 2050 diseñado por Moncloa plantea estudiar una posible "herencia pública universal", una dotación económica que todos los jóvenes del país recibirían alcanzada cierta edad y que podría usarse para adquirir la primera vivienda, financiar la creación de un negocio o completar la formación.
Lo que no se facilita todavía en el proyecto es de cuánto dinero estaríamos hablando. Pero Luis Bauluz, uno de los promotores e investigador de la Universidad de Bonn pone como ejemplo que "para financiar una ayuda de 20.000 euros, habría que recaudar aproximadamente el 10% de todas la herencias".
La idea, admite el Ejecutivo, puede sonar utópica, pero es posible que en las próximas décadas se haga realidad en algunos países y España debería "explorar esta posibilidad" teniendo en cuenta los niveles de desigualdad.
¿Qué buscaría esta herencia pública universal?
El objetivo de esta ayuda es reducir la desigualdad con la que se enfrentan en función de la la familia de la que provengan, por ejemplo, en la emancipación. Y es que en España, el 55% de los jóvenes que nacen en un hogar pobre se encuentran en riesgo de pobreza, frente al 20% de los de una familia rica.
El plan presenta una dura radiografía de la desigualdad y el riesgo de pobreza en España, en los puestos de cabeza en la Unión Europea, y destaca que en la desigualdad de la riqueza, las herencias juegan un papel cada vez más crucial, ya que afectan "de manera decisiva a la equidad entre las generaciones jóvenes".
Además, advierte de en lo que va de siglo la diferencia de riqueza que existe entre las personas de 65 años y las de 35 se ha duplicado, asemejándose ya a la que existe en Estados Unidos y también se aprecia un peor funcionamiento del "ascensor social".
Se estima que las herencias determinan casi el 70% de la desigualdad de la riqueza en España, contexto en el que plantea explorar la idea de esa "herencia pública universal". Para reducir la pobreza y la desigualdad, el plan subraya la necesidad de modernizar el aparato productivo y el mercado laboral y mejorar el potencial recaudatorio y redistributivo del sistema fiscal.
Igualar la capacidad recaudatoria a la media de la UE, apunta, permitiría poner en marcha políticas sociales para reducir reduzcan significativamente la desigualdad y la pobreza. Junto a los impuestos, propone mejorar el sistema de transferencias sociales y las dinámicas del mercado inmobiliario.
Entre las iniciativas concretas plantea crear una nueva prestación por crianza de hijos e hijas menores de 18 años. En un primer momento, señala, esta prestación deberá dirigirse a las familias en situación de riesgo de pobreza que no cumplen los requisitos para acceder al ingreso mínimo vital y después se ampliaría al resto de familias, como ya se hace en la mayoría de los estados europeos.
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