CAMBIOS CLAVE EN LA LEY DE SEGURIDAD VIAL
Una enmienda 'cuela' la jubilación anticipada para conductores profesionales en la ley que reduce a cero la tasa de alcohol al volante
ERC quiere adelantar así la jubilación de los conductores profesionales y compara su trabajo con el de pilotos aéreos.
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ERC ha propuesto una enmienda a la Ley sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción para introducir la jubilación anticipada para conductores profesionales. En una enmienda a la que ha tenido acceso Europa Press, ERC solicita que el Gobierno dicte un Real Decreto en el plazo de tres meses que regule los coeficientes reductores de jubilación para este colectivo, basándose en el Real Decreto 1559/1986, que ya regula la jubilación anticipada de personal de vuelo. La propuesta se justifica por las duras condiciones laborales de los conductores, que pasan largas jornadas al volante, y por la correlación entre edad y riesgos en el sector. La edad promedio de jubilación de los conductores profesionales es de 65 años.
Además, Junts per Catalunya propone que las empresas de transporte de viajeros por carretera sometan al personal móvil a reconocimientos médicos obligatorios anuales, incluyendo pruebas de drogas, alcohol y test psicológicos, para garantizar la seguridad pública y prevenir riesgos laborales.
Por otro lado, el Grupo Popular ha propuesto suprimir varios artículos, argumentando que la regulación de la tasa máxima de alcohol debe hacerse por vía reglamentaria y no por ley, asegurando también el respeto a derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones. Junts per Catalunya también pide suprimir el artículo que prohíbe difundir la ubicación de los controles policiales, argumentando que es excesivamente genérico y choca con el derecho a la libertad de expresión.
En contraste, Podemos propone una prohibición expresa de difundir la ubicación de los controles de alcohol y drogas por cualquier medio, y que la persona física responsable de la difusión sea sancionada.
Por otra parte, los de Carles Puigdemont proponen modificar el Código Penal para reducir los límites de velocidad a partir de los cuales se considera delito. En vías urbanas, se considera delito superar el límite en 30 km/h (frente a los 60 km/h actuales) y en vías interurbanas en 50 km/h (frente a los 80 km/h actuales), argumentando que los umbrales actuales son obsoletos y no cumplen con los estándares internacionales de seguridad vial.
Multas de acuerdo a la renta
SUMAR propone que las sanciones de tráfico se incrementen según la capacidad económica del infractor, con incrementos del 150% para ingresos de 70.000-85.000 euros, 300% para ingresos de 85.000-100.000 euros, y 500% para ingresos superiores a 100.000 euros.
Sobre circulación en condiciones especiales, PSOE y Sumar añaden normas para la circulación en autopistas y autovías durante condiciones de nieve, como la prohibición de adelantar y la obligación de circular por el carril derecho, dejando los carriles de la izquierda para vehículos de emergencia. También proponen agravar las sanciones por estacionar en plazas reservadas para personas con discapacidad, elevando la multa a 500 euros (250 euros si se paga pronto).
Podemos, por su parte, propone que el Gobierno permita la sustitución de sanciones económicas por medidas educativas o comunitarias en casos de infracción sin reincidencia. Además, pide que se elabore un informe anual sobre el impacto socioeconómico de las sanciones de tráfico, desagregado por renta, edad, género, nacionalidad y territorio.
Finalmente, Podemos también sugiere que el Gobierno promueva que los ingresos obtenidos de las sanciones por alcohol al volante se destinen a financiar programas de prevención, atención a víctimas y seguridad vial, especialmente en zonas con mayor siniestralidad, y que se evalúe el impacto de esta norma al año de su entrada en vigor.
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