Elecciones el 29 de noviembre
Medio millón de votos en juego: el Supremo debe decidir qué pasa con la 'ley de nietos'
Los detalles Según la ley electoral, para las próximas elecciones, el censo que cuenta es el cerrado a fecha 1 de agosto, es decir, con datos anteriores a la decisión que el Supremo adoptó de paralizar las inscripciones.
Resumen IA supervisado
El Tribunal Supremo podría adelantar su decisión sobre la 'ley de nietos' debido a las elecciones del 29 de noviembre, ya que hasta ahora solo ha resuelto medidas cautelares. La ley electoral establece que el censo válido es el cerrado el 1 de agosto, antes de que el Supremo suspendiera inscripciones. Iustitia Europa y Vox solicitan aclaraciones sobre los 408.262 electores extranjeros añadidos desde 2023. Iustitia Europa pide urgencia en la tramitación para asegurar la eficacia de las medidas cautelares. Vox demanda que el censo no incluya a quienes no cumplieron requisitos de descendencia y exilio. Hazte Oír también solicita a la Junta Electoral Central la identificación de inscripciones afectadas para asegurar el cumplimiento del auto del Supremo.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Tribunal Supremo podría adelantar su resolución sobre el fondo de la 'ley de nietos' tras conocerse que las elecciones generales serán el próximo 29 de noviembre, ya que hasta el momento solo ha resuelto medidas cautelares.
Según la ley electoral, para las próximas elecciones, el censo que cuenta es el cerrado a fecha 1 de agosto, es decir, con datos anteriores a la decisión que el Supremo adoptó el pasado 8 de septiempre de paralizar las inscripciones en el censo.
Esto ha provocado que partidos como Iustitia Europa, que recurrieron la 'ley de nietos', pidan que se aclare cuántos de los 408.262 electores censados en el extranjero que se han incoporado desde 2023 van a poder votar en los próximos comicios.
Así lo han solicitado tanto este partido como Vox en sendos escritos dirigidos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, a los que ha tenido acceso laSexta.
Iustitia Europa señala que interesa que su petición se tramite de manera "urgente" y reclama al Supremo que "acuerde las actuaciones de ejecución y concreción que resulten necesarias para garantizar que las medidas cautelares adoptadas por esta sala desplieguen plena eficacia en las elecciones generales de 29 de noviembre antes de que las inscripciones concernidas puedan producir efectos dentro del procedimiento electoral".
Señala que, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya convocado elecciones para el 29 de noviembre, el censo electoral de referencia es "el cerrado a 1 de agosto de 2026", antes de la suspensión cautelar que acordó el Supremo.
"En consecuencia, entre las inscripciones incorporadas al censo electoral vigente pueden encontrarse personas comprendidas en el ámbito subjetivo respecto del cual la Sala acordó cautelarmente la suspensión de efectos electorales", aduce Iustitia Europa.
Y recuerda que el Supremo paralizó "la inscripción censal" para quienes todavía no figuraban inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y, para quienes ya se encontraban inscritos, acordó "la suspensión de los efectos electorales de su inscripción respecto de los procesos electorales que pudieran convocarse mientras permaneciera vigente la medida".
Por ello, también pide "determinar, dentro del censo cerrado a 1 de agosto de 2026, qué inscripciones se encuentran sujetas a suspensión de efectos electorales y cuáles quedan comprendidas en la excepción expresamente prevista por el auto" de la Sala que paralizó la llamada 'ley de nietos'.
Suspensión "aplicable" a estas elecciones
En la misma línea, Vox ha señalado que el "tenor literal" de la decisión cautelar adoptada por el Supremo "no admite interpretación", ya que "se acordó suspender" los efectos electorales de esa norma "para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse".
La formación que encabeza Santiago Abascal apunta que al CERA se han incorporado personas que "no han acreditado debidamente los requisitos de descendencia y exilio", por lo que "el censo electoral utilizable el 29 de noviembre no puede incluir con derecho efectivo de voto a quienes fueron incorporados mediante la presunción de exilio cuestionada, aunque formalmente constasen inscritos a 1 de agosto".
Vox pide a los magistrados que requieran a la Junta Electoral Central (JEC) para que informe, en un plazo máximo de 24 horas, de "las medidas adoptadas e instrucciones dadas para garantizar el estricto cumplimiento del auto del Supremo y con ello la suspensión de los efectos electorales" de la 'ley de nietos'.
Asimismo, quieren que requiera a la JEC o a la Oficina del Censo Electoral para que remita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo el listado anonimizado de las personas inscritas en el CERA que tengan suspendido su derecho de voto, "con expresión de la provincia de asignación".
Por su parte, Hazte Oír prepara una solicitud urgente a la Junta Electoral Central para que haga efectiva, ante las elecciones, la suspensión acordada por el Tribunal Supremo. En concreto, señala que reclamarán actuaciones concretas, plazos y una certificación de su cumplimiento.
La asociación pedirá que se identifiquen las inscripciones afectadas y se apliquen las excepciones previstas por el Supremo. El objetivo es impedir que produzcan efectos electorales las inscripciones suspendidas judicialmente, preservando el derecho de voto de los demás españoles en el extranjero.