Estos radares, situados sobre algunos semáforos de las grandes ciudades, multan con 200 euros y cuatro puntos del carnet de conducir. En San Sebastián el ayuntamiento ha recaudado más de 600.000 euros en dos años.
El consistorio asegura que el uso de los radares era para regular el tráfico y no con afán recaudatorio. Ahora buscan una alternativa que cumpla el mismo fin que los dispositivos declarados ilegales.
En Bilbao las autoridades aseguran que la siniestralidad se ha reducido un 50% tras la colocación de estos radares. En Madrid hay 26 dispositivos distribuidos por distintos puntos de la capital y no los retirarán a menos que haya una orden judicial que así lo estime.