El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón define el aforado como “una persona que ocupa un cargo determinado y, por ese cargo, se le protege para que a la hora de cometer eventualmente un delito, no sea juzgado, sino por un tribunal más acorde con el cargo que tiene y siempre teniendo en cuenta que el delito cometido tiene alguna relación con ese cargo”.
Hay tantos aforados en España porque “un paquete es de políticos, y otro, el mayoritario es de magistrados, jueces y fiscales a los que no les puede juzgar ningún tribunal inferior a ellos”, explica el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya José María Mena, quien cree que “sería razonable que quedara reducido a delitos relacionados con el ejercicio de su cargo”. Es decir, “una conducción etílica de un diputado no debiera tener fuero. Hoy día no tiene ningún sentido. Es rigurosamente medieval, o por lo menos, es medieval y, consecuentemente, decimonónico ser aforado”, comenta.
De todas maneras, la abogada del turno de oficio Lorena Ruiz-Huerta, asegura que además de los aforamientos, que son una clara quiebra del principio de igualdad, hay otros privilegios de determinadas personas, justiciables y aforadas, de las que se habla menos. “Por ejemplo, el derecho de contestar por escrito en el despacho y no comparecer ante un juzgado, también es una quiebra del principio de igualdad”.
"Hay muchos jueces que tienen un sobresueldo por las tardes"
U otra de las garantías del suplicatorio que tienen los parlamentarios, “que para que se pueda admitir a trámite una querella contra ellos tiene que dar el consentimiento una mayoría importante del Parlamento, y dado el juego de mayoría parlamentaria, es muy difícil de obtener”, asevera la abogada.
Sin embargo, no parece que el número de aforados en este país vaya a disminuir, porque se ha visto recientemente que van a poner tres más: Los príncipes de Asturias y la reina Sofía. A José María le parece “un desacierto en el proyecto porque ¿en qué delitos susceptibles de ser cometidos por estas tres personas estará pensando el gobierno al hacer esta propuesta? Yo creo que es absolutamente desajustado y fuera de lugar. Y, claro, dicen: ‘es que después de lo de Mallorca’.
Lorena Ruiz-Huerta cree que esa investigación “quizá no habría sido posible en el ámbito de otros tribunales del Estado porque ha sido un juez de instrucción, el señor Castro, el que ha hecho esta investigación, independiente y creo que brillante, y es de ese ámbito judicial del que se quiere extraer a esta casta para salvaguardar la corona, y esta es una manera de salvaguardar la institución de la corona, blindándola judicialmente”.
Jordi Évole quiere saber si el juez Castro recibe presiones. La abogada, desde su punto de vista cree que “todos y cada uno de los jueces en este país están sometidos a presión. Algunos, los que están en las más altas esferas de los altos tribunales del Estado, tienen un contacto más directo con el poder, se juegan más en su escalada por el poder y por llegar a los altos puestos, pero los jueces de las más bajas instancias también están sometidos a presión y un juez es lo influenciable que se quiera dejar ser”.
Explica que “para los jueces puede ser más cómodo no tener ningún conflicto con la Policía o con la Guardia Civil. Y si los jueces trabajan con una gasa en los ojos, y más o menos procuran no ver nada, pues no tendrán ningún conflicto con ese Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado que tiene que hacerles el trabajo sucio en la calle”.
También pone el ejemplo de que “hay muchos jueces que tienen un sobresueldo por las tardes y dan cursos en los grandes despachos o en grandes corporaciones de derecho, como el Colegio de Abogados de Madrid, porque pueden tener a lo mejor más fácil llevarse bien con los abogados de los grandes despachos y no generar grandes conflictos”. Baltasar Garzón asevera que él nunca ha dado esos cursos pero ha tenido compañeros que han hecho “algo parecido”.
Y es que según afirma el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya José María Mena “practicar la docencia con permiso del Consejo del Poder Judicial o del fiscal general, pues eso es legal. Pero ¿quién paga esos cursos? Pues ahí estamos. Entonces, lo que dice Lorena ha sido casi brutal de duro que ha sido como lo ha dicho, pero no ha faltado a la verdad”.
“Es preocupante e inquietante. El problema es simultáneamente a que por las mañanas estás con la toga en el juicio, por las tardes están en una actividad docente suplementaria legalmente permitida, pero debidamente retribuida, y bien retribuida, por los mismos que por la mañana están en la banqueta de enfrente con la toga puesta”, comenta.
