Condenadas, pero activas
Sobornos, condenas y contratos públicos: cómo las empresas corruptas siguen construyendo con dinero de todos
La otra cara Aunque los exdirectivos de Acciona están en el Supremo por su implicación en el caso Koldo, donde la UCO investiga pagos del 2% de cada obra como soborno, la empresa y otras condenadas siguen construyendo con dinero público gracias a vacíos legales y planes de control.
Sin pasaporte y con prohibición de salir de España. Así han salido hoy del Supremo los dos exdirectivos de Acciona imputados en el caso Koldo, donde el juez ve indicios de cohecho y organización criminal. La UCO mantiene que pagaban el 2% de cada obra adjudicada como soborno.
Aunque Acciona no está imputada como empresa, la historia de empresas corruptas que siguen trabajando con fondos públicos no es nueva. La pregunta que surge es: ¿las empresas corruptoras acaban pagando algo?
La realidad es que todos los días vemos construir obra pública a empresas que han estado implicadas en casos de corrupción. Desde 2010, la ley permite juzgar a las empresas y, si son condenadas, inhabilitarlas para recibir subvenciones, ayudas o contratos con la administración. Pero las condenas son escasas: para inhabilitar a una empresa, hay que demostrar que se benefició directamente del delito, que no se trató de un trabajador actuando por su cuenta y que no existía un plan de control efectivo para prevenir la corrupción.
Y aquí está el detalle: si la empresa tiene un plan de control, puede librarse de responsabilidad. Lo hemos visto en casos como una ramificación de la Púnica, gracias a una reforma del Código Penal aprobada por el PP en 2015, que exime a las empresas que demuestren haber implementado planes de control antes de la comisión del delito.
Pero, ¿y las que sí han sido condenadas? Muchas siguen contratando con la administración. ¿Por qué? Porque no han sido inhabilitadas expresamente o porque fueron condenadas por delitos relacionados con la corrupción que no están en el catálogo que limita la contratación pública, como la financiación ilegal de partidos. De ahí que empresas condenadas en la Gürtel pudieran acceder a contratos de reconstrucción en Valencia.
Las empresas corruptas a veces pagan, pero casi nunca lo suficiente como para dejar de recibir contratos públicos. La ley permite castigar a las personas, pero las empresas pueden seguir trabajando si demuestran tener planes de control o si las condenas no incluyen inhabilitación.
El resultado: condenadas y a otra obra, mientras los ciudadanos seguimos pagando con nuestros impuestos.
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