Es un derecho, no un negocio
Privatizar la sanidad sale caro: pagamos más, nos cuidan menos y los hospitales públicos se abandonan
Las consecuencias La privatización trae desigualdad porque quien puede pagar es atendido rápido y quien no espera semanas. Los hospitales públicos se deterioran y terminamos pagando dos veces por lo que antes funcionaba con una sola tarjeta sanitaria.
En España, la sanidad está en un momento delicado. Ya hay más hospitales privados que públicos, y más de la mitad de ellos, un 58%, tienen conciertos con la sanidad pública. Madrid, Baleares y Cataluña lideran este proceso de privatización mientras la sanidad pública se desmantela. El resultado es que en esos hospitales privados se realizan un tercio de las operaciones del país y casi una cuarta parte de las consultas de especialistas.
Y no solo eso: en especialidades como oncología médica, cardiología o neurocirugía, el 75% de los médicos dedica parte de su tiempo a trabajar en la privada. La consecuencia es clara: menos profesionales disponibles, más presión sobre los que quedan y pacientes que esperan más.
El negocio privado, además, sale mucho más caro. Financiar un tratamiento en la concertada puede costar hasta seis veces más que en la pública. Por ejemplo, una operación de cataratas cuesta 818 euros en la pública y 3.529 en la privada, mientras que una operación de hernia llegó a costar casi 3.400 euros en la concertada, frente a 700 en la pública.
La sanidad pública invierte 2.176 euros por habitante al año, mientras la privada destina apenas 779 euros. Sin embargo, mueve 35.000 millones de euros al año, casi el 3% del PIB, y sigue creciendo: en la última década la sanidad privada ha sumado 3,7 millones de asegurados, la mitad de ellos después de la pandemia.
Hoy, uno de cada cuatro españoles tiene un seguro privado, y por cada día extra de espera en el médico de cabecera, 289.000 personas optan por contratar uno, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Madrid encabeza la penetración de los seguros privados con 37,5% de la población cubierta, seguida de Cataluña (31,8%) y Baleares (30,8%).
Pero privatizar mal tiene consecuencias directas. La Comunidad de Madrid tuvo que inyectar 33 millones de euros este verano para mantener operativo el Hospital de Torrejón, mientras que en la Comunitat Valenciana, el Hospital de Alzira, pionero en gestión privada, acumuló pérdidas superiores a 70 millones, obligando a un rescate público. El coste por habitante pasó de 225 euros a 750 hasta 2018, y aun así, se volvió a conceder a la misma empresa la explotación.
Los sindicatos alertan de que este modelo prioriza el beneficio sobre la salud de los pacientes. "Intentan sacar beneficios de muchas fuentes, entre ellas de las condiciones de los trabajadores, y eso impacta directamente en la calidad asistencial que va a recibir el paciente", explican. El sistema privado se centra en curar cuando ya hay enfermedad, no en prevenir. Las patologías complejas o la rehabilitación quedan fuera de su interés, y la prevención, como defendieron las mareas blancas, no es negocio.
El resultado es más listas de espera, más presión sobre los profesionales, más rotación de pacientes y menos tiempo de atención. Y quien puede, se va a la privada; quien no, queda excluido. Así, la privatización mal planificada no solo sale cara, también genera desigualdad y riesgos para la salud de todos. La lección está clara: la sanidad es un derecho, no un negocio, y priorizar el beneficio económico sobre la atención de calidad tiene consecuencias directas que pagamos entre todos.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.