El negocio privado come a la sanidad de todos: los privatizadores como Aznar o Ayuso no descansan

Extremadura acaba de dar un paso más hacia la privatización de la sanidad pública. La presidenta autonómica ha autorizado que los jefes médicos puedan trabajar también en la privada. Las asociaciones de la sanidad pública lo critican: si un jefe de servicio también atiende en clínicas privadas, podría derivar pacientes a su negocio u organizar agendas que alarguen aún más las listas de espera.

Este giro rompe con la exclusividad que protegía la sanidad pública en Extremadura desde 2006. Ahora, solo Navarra mantiene la prohibición de que los médicos del público trabajen en la privada. Todo apunta a que la intención de frenar esta tendencia es mínima, y se percibe como un guiño a Vox, que ya abrió la puerta a eliminar la exclusividad.

Privatizaciones que vienen de lejos

El camino hacia la sanidad privada en España tiene décadas. Todo comenzó en 1997, cuando José María Aznar impulsó una ley que permitía a empresas privadas beneficiarse de la sanidad pública. La ley salió adelante con el respaldo de todos los partidos, excepto Izquierda Unida y el BNG, que votaron en contra. Los representantes de IU denunciaron que "hubiéramos querido que grupos que se autocalifican de izquierdas nos acompañaran en la denuncia de un mecanismo de privatización de la sanidad".

Dos años después, en 1999, Eduardo Zaplana inauguró el primer hospital de titularidad pública y gestión privada en Alzira (Valencia). La promesa era que la gestión privada sería más eficiente y permitiría un ahorro del 20% respecto a la gestión pública. La realidad fue otra: el hospital acabó rescatado y costando más de 69 millones de euros. La Generalitat pasó de pagar 225 euros por habitante a 379, y con los años la cifra llegó a 750 euros.

El modelo se expande

Esperanza Aguirre llevó la privatización al extremo en Madrid, inaugurando hospitales supuestamente públicos, pero construidos y gestionados por empresas privadas. Para ella, "que los servicios públicos tengan que ser gestionados por funcionarios es un dogma de la izquierda; la empresa privada es más eficaz que la pública".

Hoy, su heredera política, Isabel Díaz Ayuso, sigue defendiendo el mismo modelo y asegura que hay que "dejar de desprestigiar a la sanidad pública y la colaboración público-privada que está dando tan buenos resultados".

Actualmente, Madrid es la comunidad con más privatizaciones, seguida de Canarias, Baleares y Cataluña. En Cataluña, el modelo mixto que Jordi Pujol sentó en los 90 todavía persiste y nadie lo ha revertido.

La excusa oficial siempre ha sido la misma: que la gestión privada es más eficiente. Pero los datos muestran otra cosa. El modelo mixto a menudo cuesta más a las arcas públicas y no garantiza mejor atención a los pacientes. El caso más simbólico sigue siendo el Hospital de Alzira, donde la gestión privada prometía ahorros, pero terminó costando muchísimo más.

La respuesta de la sociedad

El pulso del PP a la sanidad pública ha provocado una respuesta masiva en las calles. La marea blanca ha protagonizado algunas de las manifestaciones más multitudinarias de España. Solo en Madrid, en 2022, la organización contabilizó 600.000 personas defendiendo la sanidad pública.

Décadas de privatizaciones sanitarias, decisiones políticas y leyes impulsadas por gobiernos de distinto signo han ido transformando la sanidad pública en un campo de juego para empresas privadas. Extremadura se suma ahora a esta tendencia, mientras otras comunidades mantienen la exclusividad pública solo de nombre.

La pregunta que queda es clara: ¿la sanidad en España seguirá siendo un derecho público o un negocio privado?

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