Mientras España resuelve sus asuntos judiciales con la ley de amnistía como protagonista, Bruselas insta a cumplir sus recomendaciones más allá de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un informe sobre el Estado de Derecho exige una reforma inmediata en la ley de elección de jueces para que sea acorde con estándares europeos. La misión es clara: renovar y reformar el CGPJ.
El choque de posturas emerge entre socialistas y populares. El PSOE insiste en priorizar la renovación, postergando la reforma de la ley para más adelante y argumentando que cambiar las reglas a mitad del juego sería inoportuno. En cambio, el PP aboga por abordar ambos temas en paralelo, desbloqueando así el estancamiento de cinco años en la renovación del CGPJ.
El tiempo apremia, ya que el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, abandonará Bruselas en dos meses para aspirar al Consejo de Europa. Su partida agrega tensión a la negociación y las posiciones se radicalizan. El PSOE confía en llegar a un acuerdo antes del plazo, mientras el PP advierte que, de no lograrse, rechazará cualquier negociación sin mediación de la Comisión Europea.
El reloj avanza y la incertidumbre se cierne sobre el panorama político y judicial español. Bruselas busca una solución rápida, consciente de que el tiempo de Reynders es limitado. La pregunta que queda en el aire es si España logrará conciliar sus intereses internos con las demandas europeas o si la mediación será la clave para evitar un enfrentamiento sin retorno.
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