Estos son los pasos del protocolo que activó la discoteca tras la presunta agresión sexual de Dani Alves

Tras la presunta agresión sexual de Dani Alves a una joven en Barcelona, la discoteca donde ocurrieron los hechos puso en marcha una serie de pasos para atender a la víctima y alertar a los servicios de emergencias. Un protocolo de actuación que es fruto de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y los locales de ocio nocturno. ¿En qué consiste exactamente?

Se trata, en concreto, del protocolo 'No callamos' ideado por el Consistorio en 2018 para indicar cómo debe actuar el personal de las discotecas en caso de agresión sexualdentro del local. Pasa por prestar atención inmediata a la víctima cuando se detecta el caso, avisar al responsable y acompañarla a una estancia habilitada para ello, ofreciéndole también la posibilidad de que la acompañen sus amigos o acompañantes.

El siguiente paso es ofrecer a la víctima atención especializada: se le ofrece la posibilidad de llamar a los servicios médicos de urgencia para, en caso de que lo requiera, llegar al hospital, o a los Mossos d'Esquadra, que en este caso se hicieron cargo de la investigación. Lo más importante es que la víctima va a estar acompañada en todo momento por el personal hasta que abandone el establecimiento de forma segura, algo fundamental para que pueda haber denuncia antes de que se esfumen las pruebas.

A juzgar por la información de que disponemos hasta ahora, la discoteca 'Sutton', donde ocurrieron los hechos en este caso, respetó rigurosamente el protocolo. Así lo ha indicado la propia víctima, que fue atendida con una crisis de ansiedad y, a partir de ahí, se activó y funcionó escrupulosamente ese plan. Según contó la joven a los agentes, cuando el portero de la discoteca la vio llorando, le preguntó qué había pasado y avisó al jefe de la sala, que la llevó a una sala independiente, donde estuvo acompañada por su prima y su amiga hasta que llegaron los Mossos.

Este protocolo en principio no es obligatorio y no hay una normativa que obligue a las discotecas a cumplirlo: son voluntarios y las discotecas ya se están autorregulando, de forma que prácticamente todas, aunque no haya un protocolo a nivel municipal, guardan las imágenes de las cámaras de seguridad durante unos 30 días en caso de que puedan servir como prueba en un juicio por agresión sexual.

El protocolo al que nos hemos referido es el de Barcelona, pero esta no es la única ciudad con un plan de actuación ante las agresiones sexuales en los locales de ocio nocturno: en Pamplona y Zaragoza el protocolo de actuación respecto a la víctima es prácticamente igual. En el caso de Pamplona, distingue entre agresión sexista y agresión sexual, y en el de Zaragoza indica también cómo deben actuar ante el agresor y, dependiendo del tipo de agresión, expulsarle del local tras recriminarle o, por el contrario, retenerle allí para evitar que destruya pruebas hasta que llegue la Policía.

También hay otras iniciativas para gestionar casos de agresiones sexuales: Granada, por ejemplo, lo ha ampliado más allá de discotecas a otro tipo de establecimientos, como librerías; en Madrid el protocolo de las discotecas sirve también para los grandes festivales que se celebran en la ciudad y en Sevilla hay un plan para el personal que trabaja en instalaciones deportivas.

A nivel nacional, ¿existe un protocolo similar? Hay un acuerdo entre el Ministerio de Igualdad y la patronal del ocio nocturno, de momento primario, para unificar criterios de actuación ante un posible caso de agresión. También incluye un segundo pilar: instalar 'puntos violetas' en los baños, para informarse o denunciar casos de agresión dentro de la discoteca.

También hay otras opciones para que las víctimas puedan avisar si están viviendo una situación de tensión: en algunas discotecas hay un distintivo que indica una clave que conoce el personal del local para que una mujer pueda pedir ayuda si se siente intimidada o agredida. Consiste en acercarse a la barra y preguntar dónde está Ángela, entonces, el personal entiende que es una clave de seguridad y la acompaña a una sala apartada. Se trata de un recurso iniciado en Reino Unido en 2016 y que se ha extendido a otros países.