Contratos 'a dedo'
Las empresas públicas en el punto de mira: falta de transparencia y riesgo de favoritismos
El contexto El caso de la exdirectora de ADIF y la contratación irregular de Jessica —expareja de Ábalos— en Ineco y Tragsatec evidencian cómo el sistema público-privado español, sigue siendo un terreno vulnerable para los favores políticos y la opacidad.
La imputación de Isabel Pardo de Vera, exdirectora de ADIF, en un escándalo de contratación en empresas públicas vuelve a poner en evidencia la falta de transparencia y el riesgo de favoritismos en un sistema que mezcla lo público con lo privado. Jessica, a quien Koldo presionó para "colar" y finalmente fue contratada en dos empresas públicas —Ineco y Tragsatec— es solo la punta del iceberg.
España cuenta con 148 empresas públicas estatales que, en total, emplean a más de 157.000 personas, según datos de 2023 del Ministerio de Hacienda. Estas entidades no son simples oficinas administrativas; gestionan infraestructuras clave y servicios estratégicos: ADIF controla las vías férreas; ENAIRE gestiona el espacio aéreo; la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre produce billetes y documentos oficiales; Tragsa realiza labores agroambientales y de emergencia; Paradores gestiona alojamientos turísticos públicos; Navantia se ocupa de astilleros; y la Agencia EFE distribuye noticias oficiales.
Estas empresas públicas cumplen una función esencial para el Estado porque el sector público, a través de sus ministerios y organismos, no siempre puede cubrir todas sus necesidades con la agilidad, autonomía y competitividad que el entorno actual exige. Por eso existen estas sociedades y entidades, que operan en un espacio intermedio entre lo público y lo privado.
Hay dos grandes tipos de empresas públicas estatales: las Entidades Públicas Empresariales, que están más sujetas a la legislación administrativa, y las Sociedades Mercantiles Estatales, que funcionan bajo un régimen más flexible, cercano al del sector privado. Esta dualidad les permite cierta autonomía, pero también abre la puerta a la falta de control.
¿Cómo contratan estas empresas? No debería ser 'a dedo'. La ley exige que para cubrir cualquier plaza haya una justificación clara, que se definan criterios de selección objetivos y que haya competencia real entre los aspirantes. Los criterios serán más o menos exigentes según el puesto, pero siempre deben existir. Sin embargo, los casos como el de Jessica, que fue contratada sin pasar por un proceso público en Ineco y Tragsatec, plantean serias dudas sobre la aplicación real de estos principios.
Este entramado público-privado facilita que cargos y puestos estratégicos se usen para favores políticos o personales, en lugar de basarse en mérito o competencia. Esa mezcla de funciones administrativas y comerciales, sin controles suficientes, convierte a estas empresas en un punto vulnerable para prácticas poco claras en la gestión y contratación.
Con 148 empresas y más de 157.000 empleados, el sector público empresarial estatal es enorme y esencial, pero su transparencia y gobernanza deben mejorar urgentemente. Mientras no se refuercen los mecanismos de supervisión y se garantice que la contratación es justa y competitiva, la credibilidad de estas entidades y la confianza ciudadana seguirán dañadas.
El caso de Isabel Pardo de Vera y Jessica es un aviso claro: sin una reforma real, el riesgo de irregularidades en estas empresas públicas persistirá, afectando no solo a quienes trabajan en ellas, sino también a toda la sociedad que depende de sus servicios.