Los argumentos
Dimisión o resistencia: la batalla política y judicial que enfrenta al fiscal general del Estado
El contexto Procesado por filtrar mensajes del novio de Ayuso, García Ortiz enfrenta la presión para dimitir mientras sus defensores alegan que no hay pruebas concluyentes ni condena, y que hacerlo pondría en riesgo el Estado de derecho.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, está en el centro de un gran lío judicial. Está procesado por la filtración de unos mensajes de la defensa de Alberto González Amador —empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso— donde éste admitía haber cometido dos fraudes fiscales. Esto ha abierto un debate sobre si debe dimitir o no de su cargo.
Los que defienden que no debe dimitir
La Unión Progresista de Fiscales, junto al Gobierno y sus aliados políticos, defienden que García Ortiz debe seguir en el cargo. Su argumento principal es que el auto judicial que lo procesa no se basa en pruebas sólidas, sino en decisiones cuestionables, y que parece que la acusación estaba decidida desde antes.
Destacan que las decisiones de los jueces pueden y deben recurrirse, y que este caso todavía está lejos de una condena firme. Por eso, insisten en que la presunción de inocencia debe prevalecer y no tiene sentido que dimita como si ya fuera culpable.
Además, advierten que si García Ortiz se va ahora, se estaría creando un peligroso precedente: cualquiera podría intentar paralizar una investigación judicial atacando al fiscal que la dirige.
Los que exigen su dimisión
Por otro lado, la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y el Partido Popular sostienen que García Ortiz debe dimitir porque su situación perjudica la imagen y la credibilidad de la Fiscalía.
Argumentan que un fiscal general no puede estar al frente de la institución si está siendo juzgado por un posible incumplimiento de la legalidad que debe defender. Además, recuerdan que, según el reglamento, cualquier fiscal procesado debe ser suspendido temporalmente. Aunque este reglamento no se aplica automáticamente al fiscal general, ellos creen que la gravedad del caso obliga a una renuncia voluntaria para proteger la independencia de la Fiscalía.
Un trasfondo político que complica todo
Este asunto no es solo jurídico, sino también político. El Partido Popular ve en la dimisión de García Ortiz una forma de debilitar al Gobierno, por eso la reclama con insistencia. El Ejecutivo, por su parte, le pide al fiscal general que resista y mantenga su puesto mientras se resuelve el proceso judicial.
Por ahora, la situación sigue en un punto crítico, con mucha tensión entre criterios legales, éticos y políticos. El futuro de Álvaro García Ortiz y la estabilidad de la Fiscalía están en juego.