Apunta al PP
Moncloa aumenta sus críticas al auto contra el fiscal general, desliza que hay intenciones políticas y ve un caso "montado"
El contexto El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado propuso juzgar a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en un escrito en el que estableció que cabía presumir que filtró el correo por "indicaciones de Presidencia".

Resumen IA supervisado
Moncloa defiende firmemente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser señalado por el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado por la filtración de un correo relacionado con fraudes fiscales. El Gobierno considera que las acusaciones tienen motivaciones políticas y niega cualquier implicación. Mientras tanto, el Partido Popular insiste en pedir la dimisión de García Ortiz, aunque el estatuto orgánico del fiscal general no permite que el Gobierno lo destituya. García Ortiz solo podría dimitir voluntariamente, lo que parece improbable. La coalición gobernante y sus socios ven el caso como un ataque injustificado al fiscal por combatir la corrupción.
* Resumen supervisado por periodistas.
Moncloa sigue en la defensa a ultranza y sin fisuras de Moncloa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que este lunes el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado dejó a un paso del banquillo por la filtración del correo en el que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso admitía fraudes fiscales. Un blindaje que a medida que pasan las horas empieza a coger forma de señalamiento al magistrado al deslizar que hay intenciones políticas. Mientras tanto, el Partido Popular (PP) no cesa en sus peticiones de dimisión del jefe de los fiscales.
Y es que en el auto el magistrado apunta a que García Ortiz difundió ese email por "indicaciones de Presidencia del Gobierno". Por esta razón desde el Ejecutivo tachan el escrito judicial de "aurora boreal", al tiempo que niegan este extremo. "No solo no hay pruebas que permitan afirmar eso, sino que hay pruebas que afirman lo contrario", ha subrayado a primera hora de este martes el ministro de Transformación Digital, Óscar López.
En ese sentido, tampoco ha dudado en recuperar el mantra del que se ha servido el Gobierno desde la imputación indesde la imputación inéditaédita del fiscal general del Estado. "El fiscal persigue un delito y otros están montando un caso para ir contra el que persigue el delito", ha recordado López, para a renglón seguido subrayar que "acabará saliendo la verdad a flote". Por eso, fuentes del Gobierno insisten en que mantendrán su "apoyo al fiscal general del Estado hasta en el banquillo".
"Una absoluta vergüenza que no hay por donde cogerla"
Si bien a primera hora de la mañana mostraban "prudencia" a la hora de hablar de 'lawfare' o prevaricación por parte de Hurtado, las declaraciones como las de este lunes del ministro de Transportes, Óscar Puente, ya marcaban la que sería la línea a seguir. El socialista, de baja por paternidad, escribía este lunes en su perfil de X que "la oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo". Así vinculaba la decisión del magistrado Hurtado con el "pinchazo" de los 'populares' en la manifestación del domingo.
Más contundente se mostraba el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, tras la Junta de Portavoces de este martes cuando ha definido el auto como "una absoluta vergüenza que no hay por donde cogerla", sobre la que ha matizado que ha estado siendo "anunciada permanentemente por Miguel Ángel Rodríguez [-jefe de gabinete de Ayuso-] que nos iba contando cómo iban a suceder las cosas".
Palabras a las que López ha seguido preguntándose que "dónde están las pruebas", puesto que en el auto de transformación "no habla de ningún indicio". En ese sentido, no ha dudado en subrayar que es "tremendo", así como que "es una pena que este juez no de una rueda de prensa" y conteste, por ejemplo, "por qué no les imputa un delito" a los testigos "si cree que todos mintieron", en referencia a que el magistrado ha obviado los testimonios, entre otros, del periodista de laSexta Alfonso Pérez Medina.
Por su parte, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha sostenido que las del juez Hurtado son "actuaciones difíciles de entender", puesto que "hay acusaciones que no van respaldadas con hechos", añaden fuentes del Ejecutivo a laSexta.
Férrea defensa que también llega por parte de los socios de coalición de los socialistas, desde donde consideran que dejar al fiscal general al borde del banquillo responde a un hecho "inaudito". Calificativo del que se servía Aina Vidal este martes, para después denunciar que "cuando uno ataca a la corrupción termina fuera del PP o en una causa que no se sustenta en nada".
Y mientras que desde Sumar no consideran necesaria la dimisión del fiscal general del Estado, en el PP de Alberto Núñez Feijóo insisten en ello. Durante la jornada de este martes Elías Bendodo, como no podía ser de otra forma, ha reafirmado que "un Gobierno decente debería hacer dimitir al fiscal general del Estado", al tiempo que ha criticado que "Sánchez lleva 40 días sin aceptar preguntas de la prensa". Eso sí, este martes se ha conocido que comparecerá en el Congreso en julio.
¿Qué dicen los estatutos sobre la dimisión del fiscal general?
Una dimisión que, sin embargo, no está en manos del Gobierno, según se estipula en el estatuto orgánico del fiscal general. Y es que en este se establece que mientras que para el resto de fiscales, la apertura de un juicio obliga a García Ortiz a retirar a ese fiscal, para él mismo no se aplica, como tampoco se contempla un cese por parte del Ejecutivo.
De esta manera, García Ortiz tendría que salir de la Fiscalía General por voluntad propia, al contrario que la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien Hurtado también ha propuesto juzgar por revelación de secretos. Una salida que tendría que proceder del mismo García Ortiz si en diez días -plazo establecido por el magistrado para interponer recursos- la Sala Segunda del alto tribunal dicte que se debe sentar en el banquillo.
Aunque la salida de Rodríguez es obvia de llegar a este punto, la del fiscal general parece lejana y hasta imposible. Ya cuando se conoció que el alto tribunal lo investigaría descartó que esto fuera una posibilidad, debido a que su permanencia reflejaría ante "la opinión pública y los delincuentes de este país que la Fiscalía es fuerte". Cuestión que reiteró en una respuesta casi inmediata al auto de Hurtado en el que se reafirmaba "en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma".