Todo empieza en lo peor de la pandemia, cuando la desesperada necesidad de mascarillas lleva al Govern balear a realizar una compra apresurada el 26 de abril de 2020. La empresa Soluciones de Gestión suministra 1,4 millones de unidades un día después, sin embargo, el contrato oficial se adjudica dos semanas más tarde, el 8 de mayo, por un monto de 3,7 millones de euros. Aunque este procedimiento parece infringir la ley, se justifica por el contexto de emergencia, marcando la primera señal de alarma.
La situación se complica cuando, un mes después de la adjudicación, el Ejecutivo balear descubre que ha pagado un sobrecoste de 2,6 millones de euros por mascarillas de inferior calidad, no cumpliendo con las expectativas de ser 'FFP2'. Este error lleva a que, a día de hoy, dichas mascarillas permanezcan sin uso en un almacén de Palma, acumulando polvo y preguntas sin respuesta.
Contrariamente a los indicios de error, en agosto, dos meses después del descubrimiento del sobrecoste, el Gobierno de Francina Armengol emite un informe negando cualquier problema con el suministro, asegurando que había sido "satisfactorio y sin incidencias". Esta declaración se convierte en la tercera alarma para los investigadores, que empiezan a dudar de la transparencia en la gestión del contrato.
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Finalmente, la trama se complica aún más cuando, dos años después de estos eventos, el Govern solicita toda la documentación relacionada con el contrato. La respuesta tarda 12 días y, sorprendentemente, no incluye ninguna mención a las deficiencias del material. A pesar de ello, y casi tres años después de reconocer el sobrecoste, el Gobierno de Armengol exige a la empresa la devolución de los 2,6 millones de euros pagados de más.
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