Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno; Cristóbal Montoro, exministro de Economía; Jorge Fernández, exministro del Interior. Francisco Martínez; exsecretario de Estado de Seguridad; e Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía. Todos ellos se encuentran actualmente imputados en Andorra. Se les acusa de tumbar un banco de allí en su guerra cloaquera contra el independentismo catalán. Se trata de seis delitos muy graves que analiza el periodista José María Rivero en el vídeo que acompaña estas líneas.

En concreto, se les imputan delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacción a un órgano constitucional y creación de documento falso por parte de un funcionario. Todo ello, empleado para conseguir el acceso a cuentas con el que intentaban demostrar que los independentistas catalanes blanqueaban dinero; que defraudaban, robaban, y así poder tener armas o argumentos con los que enfrentarse a ellos. Pero ¿en qué consiste exactamente esa trama que está investigando la Justicia de Andorra?

Todo comienza cuando gente de la Policía se reúne con uno de los responsables del Banco Privado de Andorra: quiere que la entidad les proporcione datos bancarios de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras, y que si no lo hace, el banco tendrá problemas, tanto el banco andorrano como su filial española. Para coaccionarle, le asegura que disponen de informes del Servicio de Prevención de Capitales y Blanqueo que podrían cuestionar la honorabilidad o la solvencia del banco. Si le dan la información, no lo usarán, pero que si la información no se la dan, el banco será intervenido y, lo que quedara, vendido a unos estadounidenses.

Esto sucede en marzo de 2014, meses antes de la primera consulta sobre la independencia de Cataluña llevada a cabo por Mas. Un año después, justo ese el banco andorrano fue intervenido. EEUU, a través de su organismo contra los crímenes financieros, advierte de que no se trabaje con el banco de andorra por sospechas de lavado de dinero de distintas potencias. Con esa información, el Gobierno de Andorra decide intervenir el banco. Después, el Banco de España interviene su filial en España. Al final, lo que queda del banco es adquirido por un fondo estadounidense.

Aunque la intervención nace de Estados Unidos, la sospecha es que España está en el origen de la operación para derribar a la entidad. Lo cierto es que las informaciones -enviadas desde España a través de correos electrónicos- que sirvieron al Tesoro de Estados Unidos para elaborar su informe estaban, además, equivocadas. Quién envió esos correos y qué se decía en ellos se desconoce por el momento. Pero por este caso, ahora España puede acabar pagando una indemnización de 141 millones de euros.

Es esa la cantidad que el banco cuantifica como dinero perdido en su demanda ante los tribunales. Así las cosas, ahora mismo, por la intervención del Banco de España de la banca andorrana hay dos procesos judiciales: una contra España por 141 millones por la intervención durante el Gobierno de Rajoy del Banco andorrano. Otra contra Rajoy y su cúpula de Interior por la posibilidad de haber tumbado un banco para perseguir las cuentas de los independentistas catalanes.

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