Cargos públicos con títulos que no tienen: ni el Congreso ni otros organismos verifican qué estudian sus representantes

El currículum académico de Noelia Núñez parecía impecable: un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública. Pero no era real. La propia Núñez ha reconocido que mintió. Empezó Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, pero luego, según ha contado ella misma, se "volvió un poco loca" y cambió al doble grado... que nunca terminó.

Lo curioso es que esa titulación falsa no aparecía solo en una red social o en un perfil de LinkedIn: figuraba también en dos organismos públicos. En el portal de transparencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada —donde fue concejala— y en el perfil oficial como diputada en el Congreso. En ambos lugares, se daba por buena una formación que nunca llegó a completar.

Nadie lo comprueba

¿Cómo puede una mentira así acabar publicada en canales oficiales? Porque, sencillamente, nadie lo comprueba. Ni en el Congreso ni en otros niveles de la administración hay un sistema de verificación de currículums. El procedimiento es tan simple como pedirle al diputado que rellene sus propios datos. Es él —o ella— quien dice qué ha estudiado, y eso se publica tal cual.

No se pide el título. No se llama a la universidad. No se contrasta nada. Se da por hecho que dicen la verdad.

¿Y si mienten? Pues no pasa nada. Se les pide que lo corrijan, sin más. No hay multas, ni inhabilitación, ni siquiera una sanción administrativa. Pueden modificar su perfil cuantas veces quieran. Hay diputados que han cambiado su currículum varias veces durante la legislatura. Lo único que marca el reglamento del Congreso, en su artículo 6.3, es que deben actuar bajo el principio de "honestidad".

Tampoco se revisan los bienes

Lo mismo ocurre con las declaraciones de bienes. Cada diputado entrega una relación de su patrimonio e ingresos, pero tampoco hay ninguna comprobación. Es, de nuevo, un acto de fe. Si alguien miente, el Congreso no tiene previsto ningún castigo.

Desde 2014 ha habido al menos tres propuestas para sancionar estas falsedades. La primera llegó tras el caso de Francisco Granados, que ocultó patrimonio al Senado. Pero ninguna ha salido adelante. Mentir sigue sin tener consecuencias.

Un sistema que se fía de todo

El caso de Noelia Núñez no es una excepción. En los últimos años, se han detectado currículums falsos o inflados en múltiples instituciones: desde la Generalitat hasta la Asamblea de Madrid, pasando por organismos públicos como el Observatorio de Salud de Cantabria, donde su directora dimitió al descubrirse que no había terminado la carrera que decía tener.

Incluso la universidad privada en la que Núñez aseguraba haber dado clase ha eliminado cualquier referencia a ella de su página web. Otra señal más.

Y mientras tanto, los mecanismos de control siguen sin existir. Porque todo se basa en confiar. Y si alguien miente, se le pide que lo arregle. Pero no hay castigo. Ni uno.