En plena escalada de tensiones tras el inicio de la guerra en Ucrania, Estados Unidos se encontró ejecutando una insólita petición de Rusia: la detención en Florida de un crítico del Kremlin. Lo sorprendente del caso es el mecanismo empleado por Rusia para lograr su objetivo, abusando de forma notable de la plataforma de Interpol, destinada a la cooperación policial internacional.
El crítico del Kremlin se llamaba Vitaly Bogomazov, acusado falsamente de asesinato en un intento por silenciar su voz crítica, evidenciando un uso perverso de sistemas internacionales para fines políticos represivos.
El caso de Bogomazov ilustra cómo Rusia tergiversó los hechos, acusándolo de un crimen inexistente, para justificar su persecución. Este episodio pone de manifiesto no solo la maleabilidad de las normas internacionales a manos de estados autoritarios, sino también la vulnerabilidad de las instituciones globales ante la manipulación. La agilidad con la que EEUU actuó, basándose en una alerta azul de Interpol, subraya la eficacia pero también los riesgos de este sistema de avisos cuando es explotado con malicia.
El escrutinio sobre los procesos de revisión de Interpol revela una alarmante laxitud, especialmente en lo que respecta a los avisos azules y los mensajes directos entre países, facilitando así el abuso por parte de regímenes autoritarios. Esta práctica, lejos de ser un incidente aislado, refleja una estrategia calculada para extender el alcance represivo más allá de sus fronteras, aprovechando las grietas en el sistema de seguridad internacional para acosar a disidentes sin desatar una reacción inmediata.
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Además, la revelación de cómo países como Bielorrusia y Turquía han empleado tácticas similares, marcando pasaportes de disidentes como robados para impedir su movilidad, destapa otra dimensión del problema. Este método, sofisticadamente simple, constituye una grave infracción de los Derechos Humanos, impidiendo la libre circulación y aislando efectivamente a los críticos en el exilio.
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