Madrid, como muchas ciudades españolas, está viviendo un boom de pisos turísticos y ojo porque no todos son legales. Esto tiene sus consecuencias. La primera es que suben los precios. En los últimos nueve meses de 2022, se dispararon un 22%. Según El Mundo, el boom es tal que son muchos más los apartamentos turísticos que los que se ofrecen para un alquiler habitual.

El sector lleva años reclamando una regulación estatal que unifique criterios, pero hasta que eso llegue, las principales ciudades de España ya cuentan con marcos regulatorios que dependen de ayuntamientos y comunidades autónomas. Esto no evita ni la proliferación descontrolada ni la oferta ilícita, que es el gran problema. En Madrid, por ejemplo, de un total de más de 13.000 pisos turísticos, menos del 2% cumple con los requisitos legales. Y eso que el plan Carmena, desde 2019, obliga a registrar cualquier apartamento turístico en la ciudad. Pero el principal problema está en una exigencia: tienen que tener acceso directo a la calle y eso limita la actividad principalmente a plantas bajas.

Las cifras son muy distintas en Barcelona. A día de hoy, su modelo contra la especulación se ha convertido en referente para Europa. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una licencia? Debe disponer de una cédula de habitabilidad que limite el número de personas que pueden alojarse, un número en el Registro de Turismo de Cataluña que debe visibilizarse en la vivienda y entregar a sus inquilinos y el piso debe estar limpio y completamente amueblado. 70 rastreadores forman el equipo municipal que detecta anuncios sin licencia, cuyas multas oscilan entre los 3.000 y los 60.000 euros. Además cuentan con la ayuda de una página web donde los propios inquilinos pueden comprobar si el piso donde se alojarán es legal y si no, comunicarlo.

En Valencia, resulta mucho más fácil encontrar un piso turístico para pasar un fin de semana que alquilar una vivienda habitual, a juzgar por las cifras. Allí el problema está, como en casi todas las ciudades en el centro de la ciudad, el casco antiguo. Por eso el ayuntamiento, endureció en 2020 la concesión de licencias en esa zona: máximo 60 días al año de alquiler y con una distancia mínima de 150 metros entre bloques. Requisitos excesivos, consideró la Justicia, así que el Ayuntamiento acaba de anunciar que corta por lo sano. Prohibirá cualquier vivienda de alquiler turístico ocasional en esa zona.

El año pasado, Andalucía fue la primera región de la Unión Europea en alquiler de alojamientos turísticos de corta estancia. En la capital, en concreto, más del 60% de las viviendas residenciales del casco antiguo se destinan a usos turísticos. Con esas cifras llama la atención que sea de las pocas grandes ciudades españolas en las que no existe un plan de regulación específico. La intención del Ayuntamiento es igualar las condiciones de las viviendas de uso turístico a las de hoteles, apartamentos o pensiones.

Palma tomó una decisión drástica en 2018. Prohibir el alquiler turístico en todas las viviendas plurifamiliares: es decir, bloques de pisos y apartamentos, solo en chalets. La decisión fue recurrida por la patronal del alquiler turístico de Baleares y paralizada por su Tribunal Superior de Justicia. Pues bien, el Supremo acaba de respaldar la normal porque "no prohíbe" por completo la actividad económica. Aún así, con la ley en vigor, cada verano seguimos viendo anuncios a los que les sobran interesados.

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