Maite Rodríguez, familiar de una víctima de las residencias en Madrid, sobre los protocolos de la vergüenza: "Se recoge una discriminación clarísima"

Maite Rodríguez, portavoz de la asociación '7.291 Verdad y Justicia' ha confesado que, cuando la jueza de Catarroja abrió diligencias con la DANA, comenzaron a pedir tener en Madrid "una jueza igual de valiente" que fuese capaz de "sentar en el banquillo a los imputados".

Ahora, con la llamada a declarar como investigados a tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Maite Rodríguez ha destacado que ese día ha llegado, aunque cinco años tarde.

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo ha explicado que defienden que los llamados protocolos de la vergüenza y la actuación que se llevó a cabo en las residencias madrileñas durante la pandemia constituyen un delito porque "son discriminatorias".

"Se recoge una discriminación clarísima a las personas por su lugar de residencia y por puro capacitismo", ha aclarado, recordando que si no podían tener una movilidad ágil por sí mismas, como le pasaba a su madre que iba en silla de ruedas, no se les derivaba a los hospitales. Además, ha aclarado que lo mismo ocurría con aquellas que tenían un deterioro cognitivo.

Maite Rodríguez ha indicado que siguen luchando por conocer la verdad de lo que ocurrió. "Seguimos sin analizar las consecuencias", ha lamentado. Un momento que ha aprovechado para destacar que las residencias privadas se han convertido "en un negocio", recalcando que los cuidados "no deberían serlo".

Durante su intervención en el programa, la portavoz de la asociación '7.291 Verdad y Justicia' ha descubierto en directo que se ha aplazado la citación de los tres ex altos cargos. "Otro revés más", ha lamentado, recalcando que llevan cinco años viendo cómo la Justicia "no investiga".