Por 'los protocolos de la vergüenza'

Cárcel y años de inhabilitación: las penas a las que se enfrentan los dos ex altos cargos de Ayuso imputados

El contexto
El director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y, el coordinador del llamado 'protocolo técnico', Francisco Javier Martínez Peromingo, han sido imputados por 'los protocolos de la vergüenza'.

Los dos ex altos cargos de Ayuso imputados
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Isabel Díaz Ayuso ha recibido este viernes un duro golpe por su gestión de las residencias durante la pandemia. Una jueza ha imputado, por primera vez, a dos exaltos cargos de su Gobierno por las más de 7.000 muertes en residencias de mayores madrileñas durante la pandemia sin que fueran derivados a ningún hospital. Una imputación que les puede costar penas de cárcel.

En concreto, se trata del director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los 'protocolos de la vergüenza', Carlos Mur, y, el coordinador del llamado 'protocolo técnico', Francisco Javier Martínez Peromingo, que más tarde sustituyó a Mur. Ambos han sido citados a declarar como investigados el próximo lunes 26 de mayo, al ser considerados los autores de los protocolos que bloquearon el traslado hospitalario de miles de ancianos desde residencias al inicio de la pandemia, en busca de esclarecer si las muertes se pudieron evitar.

Mur fue el firmante de un protocolo que bloqueó el desplazamiento al hospital de miles de residentes enfermos por el simple hecho de ir en silla de ruedas o tener deterioro cognitivo, mientras que Martínez Peromingo fue el coordinador del 'protocolo técnico', que complementaba al primero a la hora de especificar cómo debía ejecutarse.

No obstante, la imputación ha llegado gracias al cambio de estrategia legal tomado por las asociaciones de víctimas. Tanto a Mur como a Peromingo se les va a sentar en el juzgado acusados de un delito de discriminación en la asistencia sanitaria. Este delito lo que hace es perseguir a aquellos que niegan una prestación a la que se tiene derecho por cualquier razón, entre la que se encuentra la edad o su situación de enfermedad.

Por ello, los dos ex altos cargos de Ayuso se enfrentan a penas de entre seis meses y dos años de cárcel. Al haber sido cargos públicos, también podrían sufrir inhabilitaciones de hasta cuatro años si acaban siendo condenados por su participación en los denomidados 'protocolos de la vergüenza'.