El bailaor Rafael Amargo se sienta este lunes en el banquillo acusado de vender droga desde su piso de Madrid, en un juicio en el que la Fiscalía pide para él 9 años de cárcel mientras el acusado defiende su inocencia. Su abogado, el letrado Marcos García Montes, solicitará en el juicio la nulidad de las intervenciones telefónicas y los registros en los que se habrían incautado las sustancias estupefacientes que sostienen la acusación de la Fiscalía de Madrid por la presunta comisión de un delito contra la salud pública.
A su llegada, García Montes ha destacado que hay que respetar la presunción de inocencia de su cliente y ha recalcado que solo la Policía "habla" de la existencia de un supuesto grupo organizado mientras la fiscal no acusa de este delito. "Vamos a pedir la nulidad de las intervenciones y de los registros", ha recalcado el letrado en relación a las peticiones que alegarán durante la fase de cuestiones previas de la vista oral.
Además, pedirá que su cliente declare al final para que pueda escuchar la prueba testifical y pericial. De igual modo, planteará "problemas de drogodeoendencia", acreditando que sigue un tratamiento en la cárcel de Sto del Real. "Acreditaremos que tiene un consumo severo a diferentes sustancias", ha reseñado. Estaba previsto que el juicio se celebrara el pasado mes de junio pero se suspendió después de que Eduardo de los Santos, el exproductor del bailaor, renunciara a su abogado.
Amargo mostró su malestar porque entonces llevaba dos años y medio sin tener su pasaporte para poder trabajar. "Qué culpa tengo yo, que lo estoy haciendo todo correcto. Hay cizaña sin sentido. Esto le está costando la vida a mi padre, que está agonizando en un hospital. Pido humanidad porque no se puede estirar más y pido por favor a la fiscal que sea profesional", reclamó.
Amargo, Eduardo de Santos y un socio del artista, Manuel Ángel Batista León, están acusados de integrar un grupo que traficaba con droga, fundamentalmente metanfetamina, que presuntamente vendían desde el piso de Amargo. Amargo está en prisión provisional desde el 3 de noviembre de 2023, cuando la Audiencia de Madrid así lo ordenó por riesgo de fuga y por quebrantamiento reiterado de la obligación de firmar cada 15 días en el órgano judicial que se le impuso como condición para permanecer en libertad provisional.
Fue detenido por los hechos por los que se sienta en el banquillo el 1 de diciembre de 2020, y quedó en libertad, siguiendo con su trabajo. Pero dejó de cumplir las medidas cautelares y la audiencia le envió a prisión. Amargo rechazó el año pasado, antes del juicio que se acabó suspendiendo, llegar a un acuerdo con la Fiscalía -que supondría reconocer los hechos para rebajar la pena que se le pide-, porque mantiene que es inocente y confía en que se demostrará. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el artista por vender droga desde su casa de forma "persistente" junto con el productor, para el que pide la misma pena. Para el otro acusado solicita seis años de cárcel por ser un "hombre de confianza" que entregaba la droga a los compradores.
El Ministerio Público detalla en su escrito cómo operaba el grupo y las cantidades de diferentes drogas que se encontraron en casa de Amargo y de Eduardo de Santos. El magistrado que llevó la instrucción del caso, Juan Ramón Reig, propuso inicialmente juzgar a los tres acusados y a la mujer de Amargo, Lucia Bonginiano, por un posible delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal, pero, al no acusar la Fiscalía a la mujer, el proceso no siguió contra ella.
El juez apreció que el bailarín era el cabecilla de un grupo que traficaba con droga, fundamentalmente metanfetamina, que vendían desde el piso que Amargo compartía con su mujer, utilizando 'mulas' que llevaban la droga a los compradores. Amargo declaró al suspenderse en juicio en junio pasado que quería declarar ya para acabar con un proceso "viciado desde el principio", e insistió en que en su casa "no había nada".
