Los primeros condenados a prisión permanente ya pueden pedir permisos: qué dice la ley y qué puede pasar ahora

Hace 11 años el Congreso incorporó al Código Penal la prisión permanente revisable (PPR), una pena pensada para los crímenes más graves. Desde su entrada en vigor en 2015, 66 personas han sido condenadas en España a esta medida, que prevé una estancia mínima prolongada en prisión antes de poder optar a beneficios penitenciarios.

La PPR no implica una cadena perpetua automática, pero sí establece plazos muy estrictos y es que durante un periodo inicial, que oscila entre ocho y 12 años según el caso, no se pueden solicitar permisos ordinarios.

Solo caben permisos extraordinarios por causas de extrema gravedad y siempre con autorización judicial. Superado ese primer umbral, el interno puede pedir permisos si acredita buena conducta y evolución favorable en su tratamiento penitenciario.

El primer condenado a esta pena fue David Oubel, conocido como el parricida de Moraña. En 2015 asesinó a sus hijas de cuatro y nueve años tras sedarlas y acabar con su vida con una sierra radial y un cuchillo y fue condenado el 6 de julio de 2017 por unanimidad del jurado.

Ante el tribunal aseguró encontrarse en una "situación límite" aquel día y expresó arrepentimiento, aunque los hechos probados acreditaron que planificó el crimen suministrando previamente fármacos a las menores.

Tras más de ocho años en prisión, es el primer recluso que podría solicitar permisos ordinarios, sin embargo, que puedan pedirse no significa que vayan a concederse. Fuentes jurídicas recuerdan que en casos de delitos especialmente graves y con fuerte impacto social, la concesión de permisos es excepcional incluso cuando la evolución penitenciaria es positiva.

Tercer grado

Para acceder al tercer grado deben transcurrir al menos otros siete años desde que puedan empezar a disfrutar de permisos, y siempre con autorización judicial. La revisión de la condena para una posible libertad condicional no llega hasta haber cumplido 25 años de prisión efectiva, plazo que puede ampliarse en supuestos de terrorismo o asesinatos múltiples.

Otros nombres asociados a la prisión permanente revisable también se acercan al momento en el que, por ley, podrían solicitar permisos. José Enrique Abuín, conocido como El Chicle, fue condenado en diciembre de 2019 por la violación y asesinato de Diana Quer, desaparecida en agosto de 2016, a quien estranguló y ocultó en un pozo durante casi 500 días.

Tras ser detenido en 2017, ya han pasado más de ocho años desde su ingreso en prisión, lo que lepermitiría pedir permisos, aunque la progresión de grado y cualquier eventual beneficio dependerán de informes técnicos y decisión judicial.

También Ana Julia Quezada, condenada en septiembre de 2019 por el asesinato del niño Gabriel Cruz, cumple los primeros años de la pena. Fue detenida en marzo de 2018 cuando trasladaba el cuerpo del menor en el maletero de su coche tras 12 días de búsqueda en la que participaron miles de personas.

En su caso, los plazos para acceder al tercer grado se amplían a un mínimo de 18 años desde su detención, y la posible libertad condicional no podría plantearse hasta los 25 años de cumplimiento efectivo. La prisión permanente revisable contempla, por tanto, una puerta a la revisión, pero a muy largo plazo y bajo condiciones estrictas.

Buena conducta, participación en programas de tratamiento, informes favorables de Instituciones Penitenciarias y autorización judicial son requisitos imprescindibles. En delitos que generaron una enorme conmoción social, además, la presión y el rechazo público suelen acompañar cualquier debate sobre beneficios penitenciarios.

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