Más de 160 periodistas han firmado y entregado un manifiesto al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado en protesta a la condena de dos años de cárcel que la Audiencia Provincial de Huelva impuso por revelación de secretos a una periodista del diario 'Huelva Información' que publicó datos contenidos en el sumario por el asesinato de Laura Luelmo.
El documento señala que el hecho de que los jueces "decidan qué es o no noticiable, o qué partes de la realidad deben ser publicadas u ocultadas a los ciudadanos es un motivo de inquietud". "No porque cuestionemos la autoridad de los jueces, sino porque deben explicar los criterios en los que basan sus decisiones para que éstas no sean arbitrarias o generen inseguridad jurídica", expone el escrito.
La sentencia condena a dos años de prisión, multa e inhabilitación durante dos años para el ejercicio del oficio a una periodista que publicó distintas informaciones sobre la investigación de la muerte de Laura Luelmo al considerar que las informaciones difundidas son "innecesarias e irrelevantes para el interés público".
En este sentido, los periodistas lamentan "desconocer en qué criterios se basan los magistrados para determinar 'lo que puede esperar la población en general' de las informaciones periodísticas sobre los crímenes más graves que impactan, con lógica preocupación, en la ciudadanía".
En el manifiesto, los profesionales de la información de tribunales señalan que la intimidad es uno de los límites a la libertad de información y no justifican "el amarillismo ni las invasiones de la intimidad que no tengan una estricta motivación periodística", si bien inciden en que es "exigible una ponderación entre ambos derechos que la Audiencia de Huelva omite por completo".
Por eso, exigen "una explicación de por qué el derecho a la información debe ceder respecto a esos datos cuya difusión se considera delictiva", pese a que acabaron siendo objeto de consideración en el juicio y en la sentencia dictada contra el autor de los hechos, lo que pone en cuestión su "irrelevancia".
En la misma línea, instan al Consejo General del Poder Judicial, apelando a que una de sus misiones esenciales es procurar que los órganos judiciales actúen de forma que merezcan la confianza de los ciudadanos, que no permanezca ajeno y transmita a la sociedad "su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información".
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Asimismo, piden al fiscal general del Estado que "sea consciente de que ese tipo de actuación de sus subordinados puede causar en los periodistas un efecto desaliento enormemente perjudicial para el derecho a la información de los ciudadanos". "Ninguna institución implicada en la defensa de los derechos fundamentales puede ser indiferente ante ese riesgo, por lo que apelamos al máximo responsable del Ministerio Público a que transmita a la sociedad su inequívoco compromiso con el artículo 20.1d) de la Constitución Española", zanjan.