Junko se refugia en las sombras y en un nombre falso por eso tan japonés de la vergüenza y el estigma. Pero a sus 71 años ha perdido el miedo a denunciar la vida que le robaron a los 16, en nombre de 'un Japón mejor', cuando servía interna en una casa.
"Los dueños me llevaron a un supuesto chequeo médico. Cuando me desperté, me dijeron que ya no podría tener niños", explica Junko Iizuka, víctima de esterilización forzada.
Ella, que soñaba con ser madre: "sufro por esto hasta el final de mis días". Es sólo una de las más de 16.500 personas esterilizadas forzosamente durante casi cinco décadas la mayoría mujeres y niñas, a partir de sólo 9 años bajo el amparo de una Ley que quería evitar 'seres inferiores'.
Oficialmente se trataba de erradicar enfermedades hereditarias, pero fue la excusa para castrar a personas con discapacidad, muy discriminadas aún en Japón, o incluso de baja extracción. Caso de Yumi Sato, la primera en llevar esto a los Tribunales.
"La operaron a los 15 porque dijeron que tenía 'debilidad mental hereditaria'. Pero era mentira", asegura Michicko Sato, cuñada de la demandante.
En realidad, Yumi sólo arrastraba secuelas de una negligencia médica previa. Estas víctimas piden que el Gobierno nipón se disculpe e indemnice a quienes vieron violados sus Derechos Humanos. Y esperan que divulgando sus historias, otras muchas se atrevan a denunciar.
Tokio intenta que se desestime el caso. Se escuda en que aquello era legal entonces, aunque, tras varios tirones de orejas internacionales por ejemplo, de la ONU ha abierto la puerta a ver cómo reparar la Memoria Histórica de esta barbarie.