La española Juana Rivas ha presentado ante el Tribunal de Menores de la ciudad italiana de Cagliari (oeste) una demanda para reclamar medidas urgentes para la protección de sus dos hijos, cuya custodia ha sido otorgada al padre, Francesco Arcuri.
Las abogadas de la granadina, Debora Amarugi y María Eugenia Álvarez, pidieron que se retire la custodia a Arcuri y se tomen medidas cautelares para su protección, como la entrega a la madre, que vive temporalmente en Cagliari, o su acogida en una institución.
El texto, facilitado a Efe por el entorno de Rivas, va acompañado de un informe presentado ante la Fiscalía de Florencia (centro) por la pediatra Maria Serenella Pignotti y en el que se denuncia la mala situación que los niños presuntamente viven con su padre.
Mediante exámenes clínicos y grabaciones de llamadas telefónicas aportadas por Rivas, la pediatra apunta que "parece que (los niños) estén ante un padre que, en situaciones de discusión con los hijos, incluso banales, no logra mantener el control y contener la rabia".
Esto le hace "explotar con agitaciones y afirmaciones muy graves que pueden suponer un grave riesgo para la integridad psíquica y física de los niños", reza el informe.
"Al crecer los niños, estando el mayor en edad preadolescente, es evidente además que las situaciones de riñas padre/hijo solo se incrementarán y empeorarán, primero porque la adolescencia fisiológicamente es un periodo de disputa con los padres y también por que ya están viviendo situaciones de grave estrés", alega.
El pasado 20 de marzo el Tribunal de Cagliari concedió en primera instancia la custodia exclusiva de los dos hijos a su expareja y padre, Arcuri, mientras que Rivas podrá verlos un fin de semana de cada dos si vive en Italia o uno de cada cinco si reside en España.
Los niños viven con el padre desde agosto del 2017 en el municipio italiano de Carloforte, en la isla de San Pietro, en el sur de Cerdeña.
El pasado 14 de marzo la Audiencia de Granada confirmó la condena contra Juana Rivas a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, impuesta por el Juzgado de lo Penal 1, después de que permaneciera en paradero desconocido en el verano de 2017 junto a sus dos hijos para no entregárselos al padre.
Además ha sido condenada a seis años de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos y el fallo confirmado por la Audiencia la obligaba también a pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación, y a indemnizar a Arcuri, condenado en 2009 por maltrato y al que ella volvió a denunciar en 2016.
La madre ha recurrido ante el Tribunal Supremo español el fallo de la Audiencia de Granada que confirmó su condena a cinco años de cárcel por estar un mes en paradero desconocido con sus dos hijos menores, pues mantiene que actuó siempre para protegerlos.
