Trama de las VPO
El escándalo urbanístico en Alicante crece: así intenta vender una inmobiliaria un piso de protección oficial por casi el doble de lo que pagaron
Los detalles En una llamada telefónica se puede escuchar cómo, desde la inmobiliaria, le dicen a una persona interesada en una de las viviendas que tendría que entregar 172.000 euros en metálico antes de ir a la notaría.
Resumen IA supervisado
La promoción de pisos de VPO en Alicante está envuelta en escándalos. Un audio revela cómo una inmobiliaria intenta vender un piso por casi el doble de su precio legal, solicitando que parte del pago se realice en negro. Esta promoción, la primera en 20 años, ha provocado la dimisión de la concejal de Urbanismo y ha salpicado a otros funcionarios, como un arquitecto y un alto cargo que adjudicaron viviendas a familiares. Un funcionario, responsable de las adjudicaciones, ha sido suspendido por no declarar que una vivienda era de su esposa. La Generalitat y el Ayuntamiento investigan a varios cargos por esta trama.
* Resumen supervisado por periodistas.
La promoción de pisos VPO de Alicante está siendo un reguero de escándalos. Lo último, un audio en el que se escucha cómo desde la inmobiliaria intentan vender uno de esos pisos por casi el doble de lo que pagaron, algo ilegal. Además, para tapar esa ilegalidad, piden que la mitad del dinero se lo den en B.
Se trata de la misma promoción que le ha costado el puesto a la concejal de Urbanismo de Alicante, por quedarse con uno de ellos. No fue la única, la arquitecta se quedó con otro y un alto cargo dio dos a sus hijos y uno a un sobrino. Una promoción de VPO, la primera en 20 años en Alicante, que está convirtiéndose en toda una muestra de lo peor de la burbuja.
En el audio se puede escuchar cómo intentan vender una de estas viviendas de protección pública en el mercado libre, cuyo precio oficial es de 230.000 euros, pero que intentan que se lo compren por 402.000.
"Tendríais que entregar, del metálico que hablamos, 172.000 euros. Yo sé que es mucho, pero os tengo que trasmitir lo que dice el propietario", señalan desde la inmobiliaria. De esta forma, lo que no se puede cobrar legalmente por estar protegida, se cobra en B, es decir, en negro.
"Lo que se hace es el que mismo día de la notaría se queda un ratito antes, se entrega esta cantidad de dinero y ya nos vamos todos juntos a la notaría, porque allí esta transacción no se puede hacer", destacan desde la inmobiliaria a una persona interesada en la vivienda.
En total, dos décadas sin construir vivienda protegida en Alicante, para esto. Primero, el problema fueron las adjudicaciones a la concejala de Urbanismo, a familiares de la directora de contratación pública y al arquitecto. Eso provocó las primeras sospechas y dimisiones.
La persona que firmaba esas adjudicaciones era un único funcionario que ha sido suspendido de empleo y sueldo por haber omitido decir que la vivienda era de su esposa.
La Generalitat ya ha expedientado a ese funcionario, que ha sido denunciado también por el Ayuntamiento y la oposición. De momento, por esta trama se investiga a cuatro cargos municipales y a uno autonómico.
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