Trama de las VPO
Pisos sociales para altos cargos: las claves del escándalo urbanístico en Alicante
El contexto Por primera vez en 20 años, la provincia alicantina realizaba una promoción de pisos de protección oficial. Entre los afortunados, altos cargos del Ayuntamiento y un arquitecto municipal.
Resumen IA supervisado
En Alicante, un escándalo ha surgido en torno a la primera promoción de viviendas de protección oficial, destinada a personas con rentas limitadas. Sin embargo, estos inmuebles han sido adjudicados a altos cargos del Ayuntamiento y un arquitecto municipal. Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo, y María Pérez-Hickman, directora general de Contratación Pública, han dimitido tras conocerse su implicación. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha prometido acudir a Fiscalía si encuentra indicios de responsabilidad. La cooperativa responsable de las viviendas señala a la Consellería de Vivienda como responsable de verificar los requisitos de los adjudicatarios. La oposición critica al Partido Popular, sugiriendo favoritismo político.
* Resumen supervisado por periodistas.
Escándalo en Alicante. Escándalo con la primera promoción de viviendas de protección oficial en la provincia alicantina. En una que ofertaba pisos protegidos a precios asequibles. Destinada a personas con rentas limitadas, con dificultades para el acceso al mercado inmobiliario. Escándalo porque estos inmuebles han ido a parar, cosas de la vida, a altos cargos del Ayuntamiento y un arquitecto municipal.
Cargos como Rocío Gómez, hasta ahora concejala de Urbanismo, que en redes afirmó era su "objetivo" el "garantizar el acceso a la vivienda de todos los alicantinos". Tal fue su compromiso con la causa que no quiso quedarse sin uno de estos pisos.
Una vez conocido el caso, Gómez, de baja por maternidad, ha presentado su dimisión. El consistorio alicantino ha explicado que la hasta ahora toma esta decisión de "apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo". Además, asegura "haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida".
En ese sentido, Gómez insiste que inscribió en una cooperativa de viviendas de La Condomina, en la playa de San Juan, antes de entrar en política.
Aparte de ella, también fueron agraciados con un piso los dos hijos de la directora general de Contratación Pública, María Pérez-Hickman, que también ha presentado su dimisión.
Ante esta situación, Luis Barcala, alcalde de Alicante, ha afirmado que irá "a Fiscalía ante el más mínimo atisbo de responsabilidad". "Caiga quien caiga", ha expresado, mostrando su desconocimiento ante la que ya se conoce como la trama de las VPO.
La cooperativa, por otra parte, ha asegurado que la decisión no es suya y apunta a la Consellería de Vivienda. "Los requisitos de los adjudicatarios los comprueban allí con los datos de Hacienda", cuentan.
Mientras, Pérez Llorca ha afirmado que todo está en regla y que se ha acreditado que todos los adjudicatarios "cumplen con los requisitos".
La oposición ha apuntado a los 'populares' ante el caso, del que dice que muestra que prima "el carnet del PP antes que los requisitos", pidiendo y exigiendo explicaciones tanto al alcalde como al Gobierno de la Comunitat Valenciana.
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