Las cifras oficiales son escalofriantes. En España se denuncia de media una violación cada ocho horas. Son más de 1.500 al año, pero las asociaciones feministas creen que hay muchas más. "Sabemos que en muchos casos no se denuncia porque tenemos el estigma que señala a la víctima como responsable de lo sucedido", lamenta Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres.
Prejuicios de una sociedad machista en la que lo que se pone en duda es la versión de la propia mujer. Cosas como "eres una calentona porque te gusta vestirte así, pintarte los labios de rojos y vas buscando guerra", denuncia Macarena García, una mujer que denunció agresiones sexuales.
Antes de enfrentarse al juicio social, la víctima de una agresión sexual debe acudir a un hospital notificando qué es lo que ha ocurrido para que se active el protocolo. Allí avisarán al forense de guardia, que será el responsable de tramitar y preservar las pruebas mientras un equipo de psicólogos apoyan a la mujer.
Ya con un parte de lesiones la víctima podrá presentar la denuncia, la única manera de acabar con los agresores. A partir de ahí, la mujer sufrirá un largo periplo judicial. "La víctima tiene que declarar ante la policía y tiene que ratificar a presencia judicial. Donde se realiza toda la prueba es en el juicio oral, y allí lo va a tener que volver a contar", critica Rosa María Gil, abogada especialista en agresiones sexuales.
No es la única presión a la que tiene que hacer frente la víctima durante este proceso. Muchas veces, tal y como cuenta Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional lo único que se hace es contradecir un testimonio contra otro, sometiendo a la mujer a una cuestión de credibilidad". Una legislación que proteja a quien denuncia y especialistas en atención a quien ha sufrido una agresión sexual son pilares básicos para conseguir una mayor visibilización del problema.
